“Hipotecados de por vida.-Desde
2007, 400.000 familias han tenido que abandonar sus hogares en España por no
pagar su hipoteca
(Mercedes de la
Rosa – “Levante, E.M.V, Magazine", 5/11/2012)
Cerca de 400.000 familias han tenido que abandonar sus hogares en España por no poder hacer frente
a una hipoteca. Y la previsión es que esta
cifra siga en aumento. Además de dejar sus casas, tienen la deuda con el banco que les dificulta empezar una nueva
vida. Ven como única solución la dación de la vivienda en pago.
Dolores
y su marido decidieron cambiarse a un piso más grande en el 2003. Entre los dos
ingresaban lo suficiente para asumir holgadamente la cuota de la hipoteca de
250.000 euros que el banco les había concedido. Pero con la crisis llegaron los
problemas: descendieron sus ingresos, y a su marido, que trabajaba como
autónomo, se le dificultó afrontar los gastos que trabajar por cuenta propia
supone. "Una ruina", se lamenta Dolores. Empezaron a acumular deudas,
pero no dejaron de pagar la hipoteca hasta que no tuvieron más remedio.
"Antes que en comer, muchas familias se gastan lo poco que ingresan en
mantener su vivienda, es lo último que dejan de pagar. Nadie se quiere ir de su
casa", apunta Ada Colau,
presidenta de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Casos como el de la familia de
Dolores son cada vez más frecuentes en España. Según el Consejo General del Poder
Judicial, hasta
finales del 2011 se dieron 212 ejecuciones hipotecarias diarias, cifra que
pasó, a principios de este año, a 517. Desde el 2007, 400.000 familias han dejado
de hacer frente a los préstamos hipotecarios y han sido desahuciadas. La
mayoría tiene algún miembro autónomo, avalista de hipoteca o un trabajador del
sector de la construcción. El 65% son españoles de origen.
Dolores y su marido compraron su
piso en plena burbuja inmobiliaria. En el 2005, España construyó más
viviendas que Holanda, Alemania y Francia juntas. Era un momento de aparente
prosperidad, aunque no exento de contradicciones: el paro había descendido en
una década del 22,9% al 9,2% y, según el Instituto Nacional de Estadística, el precio medio de la vivienda se
había duplicado, pero el sueldo medio se había congelado en 1997 en 1.200
euros.
"Todo favorecía la compra de
una vivienda", apunta Gonzalo Bernardos, vicerrector de Economía de la Universidad
de Barcelona y experto inmobiliario. "Los padres aconsejaban a sus hijos
que se metieran en una hipoteca porque a ellos les había funcionado. Además,
daban facilidades: desgravaba impuestos, era fácil de conseguir y te aseguraban
que el precio de la vivienda nunca iba a bajar. Socialmente se asumía que, si
alquilabas, era porque no te iba bien". "La presión familiar es lo
peor", reconoce Dolores. "Desde pequeño te inculcan que hay que tener
una casa pagada para el futuro, pero es un gran error".
Según los expertos, la situación
actual se remonta a la increíble subida de precios que sufrió la vivienda en
España. "No fue fruto de la ley de la oferta y de la demanda, sino de la
capacidad de endeudamiento de la población que fijaron los bancos", aclara
Colau. "Durante la burbuja –continúa–, España era
el país con la ratio de viviendas per cápita más alta de toda la UE y, con más de un 20% de los pisos
vacíos, el encarecimiento de estos no se explicaba por su escasez. El crédito
fácil fue determinante para elevar los precios, con lo que se multiplicó el
esfuerzo que tenía que hacer una familia para acceder a una vivienda". Si
en 1997 eran necesarios 3,8 salarios brutos anuales para comprar un piso, en el
2007 ascendieron a 7,6. Tal y como han analizado expertos financieros, el mayor
motor de riqueza y crecimiento de aquel periodo fue el crédito: el
endeudamiento de las familias pasó del 55% al 130%. "No se vendían
viviendas, sino cuotas hipotecarias, que era lo que interesaba a los
bancos", concluye Bernardos.
"Las propias entidades financieras eran las que iban inflando los
precios dando hipotecas a 10, 20, 30 ¡e incluso a 50 años!", apunta el abogado especialista en
ejecuciones hipotecarias Rafael Mayoral.
Cuando estalló la crisis crediticia en EE.UU., los bancos frenaron esta
práctica, los inversores dejaron de comprar deuda y se desató la crisis. Al no
prestar dinero, el consumo bajó bruscamente y el paro aumentó hasta llegar al
24%. Bernardos no señala culpables, y descarta la "mala voluntad" de
los bancos en todo este proceso, pero sí alude a la "escasa
sapiencia" tanto de estos como del Gobierno y cree que se podría haber
regulado el mercado inmobiliario para evitar la situación actual. "Si ves
que el 40% de las ventas son para especular, está claro que algo va mal".
Mayoral difiere: "Los principales responsables de la situación que vivimos
son las entidades financieras nacionales e internacionales, y lo increíble es
que tienen impunidad". Este abogado denuncia abusos, estafas y engaños en
estas firmas. "Las entidades sabían que muchas de estas hipotecas no se
iban a pagar nunca".
Los desahuciados no pueden entrar a
formar parte de las largas listas de espera para conseguir un alquiler social
hasta que les sacan físicamente de su vivienda. Y eso, si
cumplen ciertos requisitos como el de cobrar un máximo de 700 y un mínimo de
400 euros. Rocío, a las puertas de un desahucio
inminente, estaba a la espera de que le concedieran uno de esos alquileres,
pero le decían que no quedaban viviendas disponibles. "No me atienden, me
mandan de un departamento a otro sin darme soluciones", se quejaba esta
administrativa de profesión que vive en Madrid con dos hijas y no podía hacer
frente a los pagos de su vivienda. Se quedó en el paro en el 2008 y poco
después se divorció. Su desesperación era tal que hace dos semanas inició una
huelga de hambre. La entidad bancaria aceptó que se quedara en su casa pagando
un alquiler mensual de 250 euros en lugar de los 1.200 que debía abonar de
cuota hipotecaria.
Ejecuciones y dación en pago
Cuando una vivienda entra en
subasta, la entidad financiera que la tasó puede quedársela por el 60% del
valor que le adjudicó, y si interviene un tercero –la inmobiliaria de la propia
entidad, por ejemplo–, este porcentaje baja al 50%. Así ha procedido la entidad
bancaria que dio el crédito para financiar la vivienda de Rocío.
En España, la hipoteca es un contrato privado, ajeno a la vivienda. Por eso, una vez entregada la propiedad, la
deuda sigue pendiente. "Se han llevado a cabo 400.000 ejecuciones desde el
2007, lo que quiere decir que se ha condenado a todas esas familias a ser
marginales", denuncia Colau.
La PAH calcula que la diferencia
entre la deuda de 32.500 millones de euros de los créditos hipotecarios
existentes y los 24.375 millones que hoy valen los activos adjudicados es de
8.125 millones, en concepto de devaluación de activos. Si se aceptara la dación
en pago a cambio de las hipotecas que están en proceso de ejecución, esta sería
la cifra que tendrían que afrontar bancos y cajas. "No es menospreciable,
pero representa sólo un 52% de los beneficios que obtuvieron en el 2009 o un
porcentaje algo inferior de los del 2010, es cuestión de voluntad", opina
Colau.
Desde que se deja de pagar la
hipoteca hasta que se hace efectiva su ejecución, pueden pasar de uno a tres
años. Durante este periodo, el banco trata de convencer a sus clientes para
refinanciar la deuda o para que pidan nuevos créditos que la cubran. "Pan
para hoy y hambre para mañana", dicen Dolores y su marido.
Gonzalo Bernardos confía en que las
entidades financieras, junto con la clase política, encontrarán vías para salir
de esta situación. El ministro de Economía, Luis de
Guindos, abrió las
puertas a la dación en pago en febrero –se concretó en un decreto en marzo–,
aunque fue mediante un código de buenas prácticas para las entidades
financieras, al que estas se adhieren voluntariamente, y con una serie de
criterios (que toda la familia esté en paro, que la cuota hipotecaria supere el
60% de los ingresos netos familiares, que la hipoteca no tenga avalistas...).
Existen casos en los que las
entidades de crédito aceptaron la vivienda hipotecada como dación en pago de la
deuda. "Una pequeña victoria –apuntan desde la PAH–, pero todavía queda
mucho camino por delante".”
…
Las deudas y su forma de cobrarlas, ha sido una preocupación para quienes
una vez establecido el vínculo obligacional contractual, querían que la
prestación convenida se cumpliera, voluntaria, o en defecto, compulsivamente.
En Roma se ideo un sistema para obligarse que se llamaba nexum, donde el
deudor “se vendía” al acreedor a través de la “mancipatio”,
garantizando con su propia libertad personal el pago de la deuda.
Muchos deudores que sobre todo eran plebeyos, fueron objetos de abusos. La
ley Poetelia Papiria (326 a. C) abolió indirectamente el nexum al impedir que
los deudores fueran encadenados, vendidos o muertos, estableciendo entre deudor
y acreedor un vínculo jurídico garantizado por el patrimonio del deudor, en
lugar del vínculo físico que devenía del nexum. Sin embargo si un deudor no
cumplía con lo adeudado y se realizaba según el procedimiento de la “legis
actiones”, la parte declarativa del proceso constatándose el incumplimiento,
existía luego de pasados los 30 días en que el deudor no cumplía, la
posibilidad de ejercer la acción ejecutiva de la “manus iniectio” por la cual
el acreedor podía peticionar la entrega del deudor para llevarlo a su casa y
tenerlo allí en prisión bajo ciertos requisitos (llevarlo y exponerlo en el
mercado, darle de comer mínimamente si el deudor no poseía bienes propios y
luego venderlo como esclavo fuera de Roma, o repartirse su cuerpo entre los
acreedores).
Fue recién con el procedimiento de la “Bonorum Venditio” de la época
republicana que comenzó a accionarse contra el patrimonio del deudor,
vendiéndolo en bloque, en pública subasta.
Los griegos también conocieron la prisión por deudas, en cárceles privadas.
La prisión por deudas civiles en Atenas desapareció gracias a Solón.
En el siglo XV en Castilla fue restablecida la prisión por deudas para
judíos y musulmanes
La Revolución
Francesa fue la que proclamó la prohibición de la prisión por deudas.
Internacionalmente en la Edad Contemporánea hay varios tratados que declaran
esta protección del deudor civil y comercial frente a la restricción de su
libertad por el no pago de sus deudas. El artículo 11 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos proclama que ninguna persona podrá ser
encarcelada solamente por no poder cumplir con una obligación surgida de un
contrato. En el mismo sentido, el inciso 7 del artículo 7 de la Convención
Americana de Derechos Humanos prescribe que no podrá nadie ser detenido a causa
de deudas, salvo por deberes alimentarios.
Esta imposibilidad de penar con prisión el hecho de no poder afrontar las
deudas está receptado en la Constitución Política de Perú del año 1993 (art. 2,
24, c) salvo por deberes en la prestación de alimentos. En México es el
artículo 17 del texto constitucional el que establece la misma prohibición,
tratándose de deudas civiles.
En Argentina fue Sarmiento quien abolió la prisión por deudas a través de
la ley 514 para causas civiles y mercantiles (1872) dejando como excepción los
casos de quiebra mercantil y la insolvencia fraudulenta.
Cuando ya son delitos previstos en el Código Penal como sucede con la quiebra
fraudulenta, sí corresponde aplicar las penas previstas en la legislación
penal.
(De Hilda, en “La Guía”, Derecho,
2009)
…
Se
cacarea mucho que la prisión por deudas está abolida desde hace mucho tiempo, y
que se trata de una institución reprobable, rechazada y prohibida en varios
Tratados Internacionales y Alguna que otra Convención auspiciada por la ONU.
Bien
está que así sea, aunque el principio general quiebra en varias situaciones
especiales como, por ejemplo, en caso de impago de auxilios alimenticios o
pensiones a hijos y cónyuge, y también cuando se es culpable por el delito de
quiebra fraudulenta, aunque en este caso, en puridad, no se pune la existencia
de la deuda sino el fraude o la negligencia en la administración de un
patrimonio empresarial que desemboca en la bancarrota.
Pero
del tema que hoy nos ocupa hay que tratar bajo otra perspectiva, porque se
trata de la enorme eclosión de ejecuciones hipotecarias que se vienen
produciendo en España, como consecuencia de la brutal crisis económica que se
sufre desde hace varios años y de la quiebra (“reventón”, diría yo) de la
llamada “burbuja inmobiliaria”.
No
se ha tratado, ni más ni menos, de una nueva versión, corregida y aumentada, de
la avaricia, aquella que se dice que rompe el saco, aplicada a los tiempos
modernos y magistralmente representada e interpretada por los capitalistas
desalmados (o sin alma) de la banca y de los especuladores inmobiliarios.
En
efecto, los bancos, que siempre dan el paraguas cuando hace sol y lo retiran en
cuanto amenaza lluvia, se lanzaron a “vender” dinero de manera atropellada y
desenfrenada, aplicándolo a la adquisición de propiedades, mediante las cuales
creían garantizar las deudas que se generaban, no dudando en hinchar valores y
financiar hasta lo no financiable, y sin reparar demasiado en la solvencia o en
las posibilidades económicas de quienes se constituían en deudores.
Y
si estos no podían pagar la deuda en veinte años, pues… se les concedía
treinta, o cuarenta, y ¡hasta cincuenta años!, durante los cuales los intereses
iban cayendo, y mediante un abusivo sistema de amortización de intereses previo o no proporcional con la
amortización del capital adeudado, se iban embolsando beneficios, sin reparar
en que la “gallina de los huevos de oro” iba a envejecer rápidamente y sus
puestas de oro en huevos iban a desaparecer.
Aconteció,
pues, que como todo se fiaba al ladrillo, cuando se saturó el mercado de casas
y más casas y comenzó a flaquear la agilidad monetaria, las gentes comenzaron a
ver mermados su ingresos, y las empresas comenzaron a sufrir estrecheces hasta
llegar en muchos casos a la bancarrota.
Y
llegaron las ejecuciones hipotecarias, a las que los deudores no pudieron hacer
frente, y los acreedores (la mayoría bancos) comenzaron a almacenar ladrillos
en sus cajas fuertes, sin que pudieran vender ni un kilo de cemento construido,
hasta alcanzarse los desahucios de aquellos desgraciados que llegaron a creerse
que la casa era suya, cuando la casa comprada era… del banco.
Con
los desahucios llegaron las protestas y los plantes y las rebeliones frente a
los lanzamientos, obstaculizándose la labor de los Juzgados. Pero casi nadie de
quienes habían sido los causantes de tamaños desaguisados sintió el menor
escrúpulo, porque los gobernantes bien que se vanagloriaron de que la banca española
era la mejor del mundo (y si no, reléase lo que iba pregonando esa desgracia
que España sufrió en forma de Presidente de Gobierno, llamada Zapatero, José
Luis de nombre y Rodríguez de primer apellido) y los banqueros, es decir, los
señores de la oronda barriga y del puro habano, se afanaron en mantener que la
Ley Hipotecaria les protegía.
Fueron
subastándose casas y fue desahuciada la gente, que además iba engrosando las listas
del desempleo, y aún apareció una pústula social más: los bancos siguieron
exigiendo la parte de deuda no cobrada a los deudores por hipotecas, cuando en
la subasta o en la adjudicación no se había conseguido cubrir el importe de la
deuda hipotecaria, esa deuda que los mismos banqueros, a través de sus “mandados”,
los bancarios, habían hinchado todo lo posible. La ley lo permite y los bancos,
cuando la ley les ampara, la aplican y si no les ampara…pues…buscan voltearla.
Cierto
es que por no pagar la hipoteca no se sabe de nadie que haya ingresado en
prisión, pero sí se conocen muchos, muchísimos casos, de quienes o se han
suicidado, o se han metido en actividades ilegales para obtener un dinero que
se les había esfumado y poder alcanzar una vivienda que habían perdido por mor
de la especulación inmobiliaria y de la avaricia bancaria.
Ha acontecido,
pues, que las gentes, sin ingresar en prisión, se han visto encarceladas en sus
deudas impagables, que les merman los exiguos salarios, mediante embargos más
eternos que la eternidad misma.
Triste
situación a la que ha llegado nuestra sociedad española por mor de unos
gobernantes especuladores (los de antes y los de ahora) y sin sensibilidad
social y de unos capitalistas que solamente saben ver y contar los beneficios
que les reporta su avaricia.
Ahora,
sí, se dice que se deben adoptar medidas, y los jueces (perdidos en el laberinto
de tener que cumplir la ley) tratan de buscar algunas, pero ni se ve ni se
vislumbra el menor atisbo de soluciones sociales y legislativas a esa hiriente
realidad que ha asaltado, como casi siempre, a las clases menos pudientes.
Aunque
bien podría decretarse la “prisión por deudas” para algunos sinvergüenzas de la
banca que engañaron a gentes iletradas haciéndoles incluso firmar con la huella
digital (ni leer sabían), contratos de compra de derechos preferentes con la
promesa de libre recuperación, y que se han
esfumado igual que el bienestar se nos ha ido de las manos a todos los
españoles. Deberían sufrir prisión quienes han incitado a generar esas deudas
de los bancos, después esfumadas por mor de la situación económica de los
bancos mismos; esos desastres en las economías humildes.
Al
menos, a esa “cárcel de las redes sociales” les condenamos desde aquí. Y por
mucho tiempo…
“Los abusos, aun en el estado más sólido, son minas sordas que tarde o
temprano estallan”.- Joseph Sanial-Dubay (1754-1817)
Escritor francés.
EL EQUIPO JURÍDICO DEL CENTRO EUROPEO
PRO ASESORAMIENTO Y NEGOCIOS, SCP (CEAN, SCP)
He
de reconocer que en mis tiempos de iniciación en los ambientes de la Justicia,
el tema de las uniones o de las relaciones entre homosexuales eran tan fuera de
lugar, implicaban tantos tabúes, que hasta son de recordar procesos del turno
de oficio en los que hube de intervenir por la aplicación de la Ley de Vagos y
Maleantes, en los que se aplicaban las llamadas “medidas de seguridad” a
quienes se conceptuaba –probablemente de manera irregular—como tales.
Así
que el lector comprenderá que ante la decisión del Tribunal Constitucional de España
sobre estas materias de las uniones
entre personas del mismo sexo, quien esto escribe se haya sentido obligado a
reflexionar consigo mismo y a revisar sus convicciones al respecto.
Todo
viene a propósito de la reciente decisión del Tribunal Constitucional, que ha sido,
al parecer aceptada (por los de la derecha con cierta cobardía reticente) de manera
pacífica en nuestro país, aunque para más de uno haya podido significar un
atentado o transmutación de sus principios éticos y personales,
Bien;
que quede claro que no me parece adecuado que se denomine “matrimonio” a la
unión entre personas del mismo sexo, porque el vocablo alcanza su plena
significación cuando se trata de la unión del hombre con la mujer, al margen de
lo que digan las constituciones y lo que opinen los tribunales constitucionales
del mundo, singularmente politizados –como el español— e influidos por las tendencias
sociales, en muchas ocasiones ni siquiera consolidadas.
Aunque
si de lo que se trata es de que se confirme un reconocimiento y se brinde una “protección”
legal a las uniones entre personas del mismo sexo, bien estará que se brinde la
seguridad jurídica. Como la que gozan las llamadas “parejas de hecho”, que
todos sabemos lo que son…
Así
pues, no acaba de entenderse esa euforia mal contenida entre los gays y lesbianas
por el hecho de que no se haya declarado inconstitucional la unión entre ellos,
porque una cosa es que se considere –de forma bastante hábilmente forzada, por
cierto— que esas uniones pueden llamarse de una u otra manera, y otra bien distinta
que esas uniones pasen a constituir otra formal “regular” y usual del
matrimonio.
Vivan
felices, siéntanse reivindicados los gays y las lesbianas; siéntanse respetados
por nuestra parte; estimen que apreciamos sus valores de autenticidad y
reivindicación. Otras facetas tal vez no alcancemos a comprenderlas…
Hoy son otras las inquietudes de la
sociedad española. El hecho de los matrimonios entre personas del mismo sexo
-por lo demás, una cifra muy escasa- es algo ya asumido socialmente. No debería
serlo, en cambio, la demora en solventar un recurso interpuesto en 2005; siete
años ha tardado el TC en resolver una cuestión de escasa complejidad jurídica.
Marcado tras el bochornoso espectáculo de la sentencia sobre el Estatut de
Cataluña, últimamente cada vez que el Constitucional se pronuncia deja entrever
más sombras que luces. Es el precio de una excesiva politización, a la que
muchos de sus miembros se prestaron -y aún se prestan-. Una cuestión de este
tipo debería haberse sustanciado mucho antes, y sin tanto ruido. “ ... 
Así
que el lector comprenderá que ante la decisión del Tribunal Constitucional de España
sobre estas materias de las uniones
entre personas del mismo sexo, quien esto escribe se haya sentido obligado a
reflexionar consigo mismo y a revisar sus convicciones al respecto. 
