“Hacer pedagogía
Conviene recordar que el Tribunal de Estrasburgo forma
parte del sistema judicial español.- El Tribunal de Estrasburgo tumba la ‘doctrina
Parot’
“No
deja de resultar sorprendente el dramatismo con que se ha acogido en este país la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la doctrina
Parot, que supone su anulación en la práctica. Primero, porque
ya se daba por hecho que así iba a ser cuando en julio de 2012, la Pequeña Sala
del Tribunal de Estrasburgo dio la razón a la demanda de la etarra Inés Del
Río, que recurrió una aplicación retroactiva de la ley por la que fue
condenada. Y, segundo, porque en los propios tribunales
españoles fue muy debatida. De tal modo que en el Tribunal Constitucional
cinco de seis magistrados se opusieron a la misma cuando se debatió.
En
vez de asumir lo que era prácticamente inevitable y hacer pedagogía, el
Gobierno hizo una campaña para evitar que la Gran Sala de Estrasburgo
ratificara lo que había adelantado la Pequeña. Puso el acento en que algunos de
los etarras afectados estaban condenados por asesinatos múltiples y que en la
lista había violadores que provocan un gran rechazo social. Lo que resumió en
el lema de que no debe valer lo mismo haber cometido un asesinato que 23. La
consecuencia de este discurso ha sido que surjan voces que reclaman al Gobierno
que se salte la sentencia de Estrasburgo, entre ellas una voz autorizada, como
la AVT.
Es
verdad que es muy importante ante la sentencia anulatoria de la doctrina Parot, que va a excarcelar a decenas de
etarras, tener en cuenta los sentimientos de las víctimas del terrorismo y de
la opinión pública, en general. Pero el Gobierno podía haber actuado de otra
manera y haber preparado, con tiempo, el terreno haciendo pedagogía.
En
primer lugar, los etarras que pueden ser excarcelados llevan ya
una media de 25
años de condena cumplida, algo que se ignora, e incluso algunos de ellos están
arrepentidos y acogidos a la vía Nanclares.
Tampoco ha puesto el acento el Gobierno en que, a diferencia de cuando se
aprobó la doctrina Parot,
hoy ETA ha cesado definitivamente, tras cuatro años sin cometer un asesinato,
por lo que no hay peligro de que los presuntos excarcelados reincidan.
Pero,
por encima de todo, las sentencias están para cumplirlas. Y la del Tribunal de
Estrasburgo forma parte del sistema judicial español, algo que conviene
recordar porque ya se escuchan voces que hablan de “injerencias extranjeras”.
Habrá
que recordar, en este sentido, que en junio de 2009 avaló la Ley de Partidos,
que supuso, en su día, la ilegalización de la izquierda abertzale, que tanto
agradó al partido que hoy gobierna. Lo que demuestra, también, la imparcialidad
del tribunal europeo. Es más. Posiblemente, sea más imparcial que todos
nosotros -tribunales, partidos, asociaciones...- que, a fin de cuentas, la
presión del terrorismo ha condicionado de modo determinante nuestras vidas.”
(El País,
21/10/2013)
…
“RAJOY, FERNÁNDEZ, GALLARDÓN: CONTROLAR LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS
Ha pasado lo que tenía que pasar. El principio de irretroactividad forma
parte de la realidad jurídica de los países libres y se subraya en nuestra
Constitución (artículo 9.3). En 1995 se reformó el Código Penal, previendo que
no vuelva a ocurrir lo que ahora ha ocurrido. Los terroristas que se
beneficiarán de la liquidación de la doctrina Parot son los que cometieron sus
delitos con anterioridad a esa fecha de 1995.
No se trata de llorar sobre la leche derramada. Hay que excarcelar a la
etarra asesina y contar con que se producirá el chaparrón de los recursos de
terroristas que permanecen en la cárcel afectados por la doctrina Parot.
Existe, sin embargo, una fórmula para retenerles hasta que cumplan sus penas
completas o casi completas: revisar las reducciones de las que se han
beneficiado y que en muchos casos han sido producto de la camelancia, de la
lenidad o del miedo de quienes tenían que aplicarlas.
El Gobierno puede y debe denunciar las posibles irregularidades en este
sentido y que decidan las autoridades penitenciarias y, en su caso, los jueces.
Porque así lo estableció la voluntad general de los españoles, nadie, ni el
peor asesino, debe permanecer más de 30 años en la cárcel. La reducción de
penas por estudios, asistencias, trabajos, redacción de libros, etc. son otra
cosa. A los etarras que se beneficien ahora de la liquidación de la doctrina
Parot se les pueden revisar los beneficios obtenidos por si se hubieran
producido trampas o engaños. Tanto Mariano Rajoy, como Jorge Fernández, como
Alberto Ruiz-Gallardón, están en la obligación moral de hacer lo posible para
que no se extienda la alarma social que se ha creado en España.”
(Luis María ANSON, de la Real Academia Española, en “El Imparcial”, 21/10/2013)
…
Parafraseando a Gabriel García Márquez, la
sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, de
Estrasburgo, ha sido la “crónica de una sentencia anunciada”.
Una cosa son los argumentos morales, políticos,
sensibleros y populistas, y otra bien distinta las argumentaciones jurídicas y la aplicación
y cumplimiento de la norma, especialmente de la Convención Europea de derechos
Humanos
En este nuestro país se ha venido tan “mal
usando” la Justicia, que se ha convertido por los manipuladores y por los medios
de comunicación en un abuso de rumores, filtraciones, cotilleos, violaciones de intimidades y conculcación
de los derechos humanos hasta de los imputados y presuntos culpables, llegando hasta la llamada “pena de telediario”, porque
incluso se está poniendo en duda, y no sin argumentos, la virtualidad e imparcialidad del Tribunal
del Jurado, porque casi todo el mundo “ha dictado sentencia” en sus fueros
internos y en el vociferante, cuando en la mayoría de los casos las
investigaciones sobre las infracciones e ilegalidades apenas si están en sus
inicios.
Así, la entrada a los Tribunales, sean civiles
o penales, cuando se acude a los órganos judiciales, se ha convertido en un circo mediático y populachero en el que el
acoso y los insultos prevalecen sobre el orden y el civismo, de manera que la
presunción de inocencia (especialmente en lo penal y en materias sancionadoras)
queda absolutamente
Es una lástima, también, que vayan proliferando
los “jueces estrella”, que no saben reducir su expresión a sus sentencias y
resoluciones y que cada vez se prodigan más en conferencias, entrevistas y
publicidad de toda índole, inflando su ego en proporción inversa al respeto que
causan.
Y ahora viene el rasgarse las vestiduras por la
práctica desautorización de la llamada “doctrina Parot”, una solución de “tapas
y medias suelas” a los absurdos que presentaba el ordenamiento penal español, y
que los legisladores y gobiernos sucesivos fueron conscientes de su fragilidad,
por atentatoria contra los derechos humanos, por violar su ejercicio el
principio de legalidad (el muchas veces olvidado “nulla poena sine lege”) y el de no retroactividad;
hasta el punto de que después reformaron
varias veces el Código Penal para endurecer de
Pese a todo el revuelo y disgusto causado, y por encima de opiniones personales y criterios subjetivos, los
juristas hemos de comenzar por acatar la resolución del Tribunal de Estrasburgo
–bien fundamentada, por cierto— y lamentar la imprevisión de varios gobiernos
que antaño resultaron incapaces de atajar la hemorragia de beneficios penitenciarios y la suavidad de castigo a
quienes, con terrorismo o no, habían generado un aluvión de muertes, de sangre,
de espantosos crímenes.
Así pues, quienes este comentario suscribimos no
podemos menos que reiterar y hacer propia aquella conocida expresión, proviniente de la Edad
Media: “Nos, que amamos las buenas costumbres y el buen fazer non queremos
semeiar voceros mas queremos semeiar omes que fazen derecho”.
Y por supuesto, respetarlo, mediante el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Y por supuesto, respetarlo, mediante el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
APB, por el Colectivo
de Juristas del Centro Europeo de Asesoramiento y Negocios (CEAN)SCP
