Las reformas que la Justicia necesita: “pescados son los del cesto, porque los del mar son peces”

Registro Civil: una reforma inaplazable.- El modelo actual ha agotado su función y no responde a las exigencias ciudadanas

(Agustín Azparren Lucas 17/04/2013, en “El País”) 

“Desde la perspectiva que da el ejercicio durante más de 30 años de la actividad judicial, uno llega a la conclusión de que las grandes reformas jurídicas e institucionales que tanto esfuerzo económico y personal requieren de poco valen si no llegan al ciudadano, destinatario último de toda actividad pública. De nada sirve la proclamación constitucional del derecho a la salud si finalmente los hospitales no prestan sus servicios de manera eficiente, del derecho a la educación si los jóvenes no alcanzan un nivel suficiente de conocimientos, del acceso a la justicia si los tribunales no son eficaces por falta de medios humanos y materiales.La situación actual de crisis económica, terrible, puede no obstante ser una gran oportunidad para reordenar algunos servicios esenciales del Estado. Pensemos en el Registro Civil. El ejercicio de cualquier derecho por un ciudadano requiere como presupuesto previo que el Estado tenga conocimiento de su existencia, de cómo se llama, de su decisión pública de formar una familia, de su libre opción de cambiar de nacionalidad, del hecho de que no puede valerse por sí mismo. Todos estos hechos y actos se llevan al Registro Civil y permiten, por un lado, el ejercicio pleno de los derechos fundamentales asociados con la pertenencia a una comunidad organizada y, por otro, una adecuada planificación de los recursos públicos para su satisfacción.

Se pueden agregar otros elementos a esta reflexión: grandes movimientos migratorios, cambios en los modelos de familia, matrimonios de conveniencia, protección de españoles en el extranjero, pensiones, prestaciones sociales, protección de la infancia, madres de

alquiler, niños robados, incentivos a la maternidad… una realidad multiforme y cambiante.

Una respuesta que se demora meses no es aceptable en un servicio público.

¿Nos podemos permitir seguir gestionando todo esto con esquemas que se idearon hace más un siglo? ¿Es racional y sostenible que los servicios propios del Registro Civil estén diseminados desigualmente por más de 8.000 oficinas? ¿Es defendible que sigamos dependiendo del soporte papel y no podamos usar ágilmente los datos en beneficio de los ciudadanos y de la propia Administración? ¿Se puede seguir obligando a miles de ciudadanos a solicitar una y otra vez certificaciones de datos para presentarlos en otra oficina pública? ¿Nos podemos permitir el lujo de que cada centro administrativo actúe por su cuenta, descoordinado de los demás? En definitiva, ¿podemos seguir ignorando un problema y aplazar más su solución?

Doy datos concretos para que sepamos qué está pasando. Son datos que están al alcance de todos en Google.

Según la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial, el Registro Civil es el órgano que más quejas recibió en 2011. A nivel estatal, suscitó 6.558 reclamaciones por su funcionamiento. Esto supuso el 46% de las quejas de todo el sistema de juzgados y tribunales.

Durante los años 2010 y 2011, se pagaron más de 170 millones de euros por presuntos servicios de dependencia a 41.205 personas fallecidas.

El Defensor del Pueblo critica que el Registro Civil de Inca ha dado una cita para 2017.

La mayoría de padres que acudieron al Registro Civil se quedaron sin poder registrar a sus hijos si no habían ido de noche para hacer cola. Cada año, 2.900.000 ciudadanos tienen que solicitar una certificación al Registro Civil para presentarla en otra Administración.

Es hora de afrontar el reto y ofrecer soluciones. El modelo actual ha cumplido su función, o mejor habría que decir que ha agotado su función, nos ha llevado hasta aquí, pero no puede llevarnos mucho más

allá. Creo firmemente que una Administración pública responsable debe ofrecer respuestas reales a las demandas de los ciudadanos y una respuesta que se demora meses no es aceptable. He sido juez y sé de lo que hablo. Dar una respuesta tardía no debe ser una opción, o al menos no nos lo podemos permitir.

Pensemos por un momento de qué manera nos ha afectado como ciudadanos el funcionamiento del registro y cómo nos gustaría que

funcionasen las cosas, olvidándonos de prejuicios.

Imaginemos algunas situaciones:

- Acabo de ser padre y no quiero salir deprisa y corriendo, dejando a mi mujer con el recién nacido en la maternidad, para acudir al Registro Civil y dar de alta a mi hijo.

- Mi cónyuge ha muerto y no quiero hacer colas en el Registro Civil para que me den una certificación de defunción para presentarla en la Seguridad Social y que me reconozcan una pensión.

- Cómo evitar que determinadas personas sin escrúpulos puedan aprovecharse actuando en nombre de mi hijo incapacitado cuando yo falte.

- Me he separado y mi cónyuge sigue disponiendo de los bienes comunes como si nada hubiera pasado.

- Llevo 12 años viviendo en este país y, aunque las leyes me reconocen mi aptitud para ser español de pleno derecho, sé que no lo voy a ser en mucho tiempo.

O desde otro punto de vista:

- Quiero que la Seguridad Social tenga conocimiento inmediato de los fallecimientos para evitar que se paguen indebidamente prestaciones sociales.

- La atribución del Registro Civil al Cuerpo de Registradores puede ser una de las claves del éxito de esta reforma 

- Quiero que no se vuelva a teclear dos veces un mismo dato por la Administración.

- Quiero que se hagan estadísticas más fiables de datos recientes.

En definitiva, no me gusta que se tire el dinero público, mi dinero, que tanto me cuesta ganar.

Creo que ha llegado el momento de abordar una reforma del Registro Civil que haga posible todo esto adaptando su organización a las verdaderas necesidades actuales, llevándolo con los medios técnicos más modernos y seguros, ahorrando costes y poniendo la

Administración al servicio de los ciudadanos.

La atribución de la llevanza del Registro Civil al Cuerpo de Registradores, que no lo olvidemos, son funcionarios, puede ser una de las claves que garantice el éxito de esta reforma urgente. Su eficacia demostrada en el tráfico inmobiliario y mercantil y su extensa experiencia no se pueden desaprovechar. Llevan años modernizando sus propias estructuras organizativas, implementando tecnología, prestando un servicio eficiente.

La reciente digitalización de los 425.000 expedientes de nacionalidad acumulados en los últimos años, que ha llevado a cabo el Colegio de Registradores en apenas unos meses y sin coste alguno para los ciudadanos, aparte de parecernos ciencia ficción para quienes hemos

dedicado toda nuestra vida profesional a la Administración de Justicia, nos garantiza el éxito de la reforma.

Por otra parte, los jueces y personal de la Administración de Justicia que actualmente se ocupan del Registro Civil, ya sea de forma exclusiva o compartida con la función jurisdiccional, se podrán destinar al trabajo estrictamente judicial, que bastante falta hace, debido a la gran litigiosidad existente y al escaso número de jueces para abordarlo.”

(Agustín Azparren Lucas es magistrado en excedencia y ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial)

…

COMENTARIO

Se ha hecho famosa la frase de Bertran Duglesclin cuando intervino en la muerte de Pedro el Cruel, que permitió el reinado de Enrique de Trastamara, con aquello de que “ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor”.

Pues bien, nuestro colectivo ni se decanta porque el cuerpo de Registradores se haga cargo del Registro Civil, ni porque los Notarios se ocupen de algunas otras funciones del mismo, porque quienes como juristas nos dedicamos esencialmente al ejercicio de la Abogacía hemos asumido con humildad nuestra obligación de que se asista al ciudadano de la manera más efectiva y eficaz, mediante la Administración de Justicia, en sus más variadas ramas, especialmente en la más elemental y próxima, cual es la del Registro Civil.

En otros tiempos hasta pareció lo adecuado que los distintos Registros Civiles fueran servidos por jueces, los denominados Encargados, que en realidad eran los entonces llamados “Jueces municipales” o “de

distrito”, aunque en la mayoría de las poblaciones esas funciones las desempeñaban los Jueces de Paz.

Han sobrevivido los Juzgados de Paz, mal dotados y peor retribuidos, pero al unificarse la judicatura, desaparecieron los jueces municipales y de distrito, y pasaron a ser los jueces “ordinarios” quienes asumieron las responsabilidades de los Registros civiles, si bien estos fueron unificándose, para concentrar las funciones y el servicio al ciudadano.

Pero con el radical cambio social que se ha producido en los últimos años, los Registros Civiles han llegado al colapso, y no precisamente en sus funciones más primarias, como las inscripciones de nacimientos, o de defunciones, o de matrimonios, etcétera, sino en otras funciones mucho más complejas y transcendentes, como la celebración de matrimonios civiles y la tramitación de expedientes de adquisición de la nacionalidad española.

Por ahí ha llegado el embudo y ahí es donde se ha producido el colapso, fruto especialmente del raquitismo en la dotación de medios y de una normativa muy trasnochada.

Nótese, por ejemplo, que todo matrimonio celebrado en el extranjero, inclusive ante la autoridad consular española, ha de inscribirse en el Registro civil central, para después trasladar el asiento (si así se solicita por el interesado) al Registro del domicilio. Trámites y más trámites. Y demoras de muchos meses, porque el Registro Central está colapsado.

Y el colmo se alcanza en lo referente a las nacionalidades, porque el aluvión de inmigrantes, especialmente de etnia latinoamericana (que adquieren la nacionalidad española en corto plazo, y así se convierten en ciudadanos de la Unión Europea si residen en España), produce un auténtico colapso en las oficinas y una demora de meses para la simple presentación de la solicitud, y de años para que se apruebe la petición de adquisición de nacionalidad por residencia. Desesperante e ineficaz, ciertamente.

Frente a ello, obvio es que cualquier reforma que tienda a subsanar esa lentitud del Registro civil y que sustituya los jueces por otros funcionarios, ha de ser bien acogida, pero parando muchas mientes en que esa reforma no implique un aumento de costes inasumible para el ciudadano.

Nunca hemos sido partidarios de la Justicia absolutamente gratuita, aunque tampoco hemos preconizado la Justicia costosa, porque cercena los derechos fundamentales de los ciudadanos.

De ello a que se intente atribuir a Registradores o a Notarios labores de Registro civil, a cambio de que exaccionen en armonía con sus actuales emolumentos, media un abismo.

Se debería establecer una regulación de costes mínima, que disuadiera del uso abusivo, pero asumible por el ciudadano con pocos recursos.

Y a ello deberían acomodarse los Notarios y los Registradores (tanto monta, monta tanto), sin entrar en esa especie de pugna que viene anunciandose entre ambos demasiado elitistas cuerpos de juristas, que ni a ellos beneficia ni al ciudadano convence.

Háganse reformas, sí; y cuanto antes. Pero que resulten eficaces, por las buenas dotaciones materiales –informática, agilidad de atención--, y las adecuadas provisiones de funcionarios que las atiendan.

Que lo dijo el viejo pescador, cuando contaba a su manera el “cuento de la lechera” a su nieto: “Pescados son los del cesto, porque los demás son peces…”.

APB, por EL COLECTIVO DE JURISTAS DEL CENTRO EUROPEO PRO ASESORAMIENTO Y NEGOCIOS

Cuando los jueces quieren ser estrellas… las togas se quedan sin puñetas…

“Dos jueces y un destino

(Francisco Muro de Iscar en “La Estrella Digital,” 21/03/2013 )

“Desde que Pedro Pacheco dijo hace muchos años aquello de que "la justicia es un cachondeo" no hay día en que no surja una noticia, aparezca un juez, actúe un ministro o se conozca una sentencia que no le dé la razón. No recuerdo si entonces le procesaron por tal atrevimiento, pero tal vez hoy le darían la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Parece como si la Justicia estuviera al sur del sur del sentido común, no sólo por ese espectáculo de juzgados ineficaces llenos de papeles desordenados, amarillentos, sino por el empeño de algunos de sus protagonistas.

Desde los tiempos de Garzón no se veía tan desmedido afán por la justicia

El ministro Gallardón, que ha tenido la poco edificante eficacia de poner en su contra a todos los actores jurídicos -abogados, jueces, notarios, fiscales, secretarios judiciales, registradores, funcionarios, sin contar a los sindicatos, al resto de partidos del arco político y a los consumidores y usuarios- también acaba de recibir las críticas del Consejo General del Poder Judicial que ha puesto a bajar de un burro su proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita -tasas incluidas- al que achaca errores de fondo y de forma realmente importantes. El problema de las reformas de la Justicia -como las de la educación o la sanidad- es que algunos, especialmente los del PP y los del PSOE, intentan hacerlas siempre sin escuchar siquiera a los que bregan cada día en los juzgados, en las

aulas o en los hospitales. Lo de negociarlas con los que saben ya es una utopía. Y así nos va a todos. No sé si es soberbia o desprecio, pero el coste lo pagamos todos: los que estudian, los que están enfermos y los que no tienen más remedio que ir a pleito, eso en el caso de que tangan dinero para pagar las tasas de Gallardón.

Esa soberbia o ese desprecio por el sentido común y por la eficacia es lo que ha llevado a dos jueces relevantes -Ruz y Gómez Bermúdez-, los dos conocedores de su oficio, de la trascendencia de su decisión y del efecto mediático de la misma, a citar al mismo imputado, un tal Bárcenas, para el mismo día y casi a la misma hora en dos juzgados diferentes y por la misma causa. Da lo mismo que alguien, finalmente, haya puesto las cosas en su sitio. El mal está hecho: una absoluta falta de respeto no ya al imputado, sino a la Justicia. Desde los tiempos de Garzón no se veía tan desmedido afán por la justicia.

Ese esperpento -sumado a otros muchos- tampoco ayuda a que los ciudadanos mejoremos la mala idea que tenemos de la Justicia. Menos mal que, frente a algunos jueces que tan poco hacen por que tengamos una buena opinión de su trabajo, hay otros que están empeñados en que sigamos creyendo en la Justicia. Que no es fácil, oigan, que no es fácil cuando se leen algunas sentencias o se ven algunas conductas. No me hagan hablar.”

…

Nada más lejos de nuestra intención que entrar en polémicas en este blog, que deseamos e intentamos quede siempre revestido de equilibrada moderación,  ya que en estos momentos de crisis, de tribulaciones, de necesidades y de ansiedades, lo que menos necesita la institución de la Justicia en nuestro país, es de contiendas y polémicas entre sus actores, en ocasiones protagonistas, sobre quién es más que el otro.

Si dejamos aparte que el juez Gómez Bermúdez irradia soberbia disfrazada de orgullito clasista, y que se cree el eje del universo después de haber juzgado (tarde y mal) a los que aparecieron como desgraciados protagonistas de aquella masacre del 11 de  Marzo, habremos de convenir, aunque al tal juez le irrite, que parece desea

emular a ese inaceptable jurista que pretende ser juez y parte, llamado Baltasar Garzón.

A riesgo de que nuestro buen amigo y colega, el ilustrísimo y docto académico y Abogado, don Francisco Baena Bocanegra, pueda sentirse investido del derecho a defender a quien fue su (condenado) cliente por causa de prevaricaciones conocidas y ocultas, aunque nos tememos que más por sus ambiciones rechazadas por sus colegas del Tribunal Supremo, no podemos menos que sentirnos contritos y en muy buena medida avergonzados por la vituperable actuación de ese “chulito” venido a menos que es el juez Gómez Bermúdez, a quien ha derrotado en humildad, eficacia y sapiencia su colega en la Audiencia Nacional, el juez Ruz.

Ahí es nada, el espectáculo de dos jueces pugnando en secreto entre ellos, como si hubieran de repartirse una gallinita, especialmente porque uno de ellos –el chulito— ya no sabe cómo destacar, después de haber querido marcarse la fama de haber dirigido , a su manera, el

macrojuicio por los atentados terroristas del 11 de Mayo de 2.004, sobre el que aún flotan dudas de si estableció la verdad real o la verdad “judicial”, aunque, eso sí, sirvió para que su cónyuge publicara un libro de alabanza de las excelencias del presidente del tribunal. Y, como después, fue “degradado” de presidente de tribunal a juez “de a pie”…

La verdad es que más lamentable espectáculo no ha podido brindarse a la opinión pública, ante la que, cada vez más, la judicatura aparece como intrigante, interesada y poco o nada objetiva.

Lo peor de todo es que mientras se discute sobre “si son galgos o son podencos”, la Justicia sigue sin administrarse, la lentitud campa por doquier y el ciudadano se siente desamparado. Porque lo está…

Va a resultar que aquella maldición de la gitana, de “pleitos tengan manque los ganes…” es una gran verdad, porque estar en manos de los jueces puede equivaler a quedar en manos de alguien que podrá ser justo o podrá ser interesado, o podrá ser un figura, o podrá ser alguien que solamente desea satisfacer su “ego”.

¡Y aún se dice que los Abogados son individualistas y buscan su

lucimiento!

He aquí la historia de estos dos jueces y de un destino: Que uno de ellos se sienta importante…es la mayor propia desgracia y una tara para la Justicia.

EL COLECTIVO DE JURISTAS DEL CENTRO EUROPEO PRO ASESORAMIENTO Y NEGOCIOS, SCP 

Se nos va una jurista, nos nace una representante en América

Llegó de allende los mares como ella es: discreta, sencilla y trabajadora.

Retorna de acá para acullá, a su Ecuador natal, dejándonos un halo de buen hacer, prudencia, delicadeza, disponibilidad y sabiduría.

Juventud en juristas de CEAN

Es nuestra compañera María Elena, una jurista ecuatoriana venida a España, a Valencia, para perfeccionar sus experiencias profesionales en un Máster para la Abogacía que le ha quedado estrecho, y que se ha integrado en nuestro equipo como significada en su personalidad y aportaciones humanas y profesionales.

Corte Nacional de Justicia, Quito

Ahora parte para su país, porque importantes responsabilidades en el mundo del Derecho y la Justicia la reclaman, y, no como despedida sino como presente para ella, por su permanencia entre nosotros, proclamamos que nos sentimos orgullosos de haber contado con su buen hacer en nuestro colectivo, y  aunque nos duela su inminente ausencia, sabedores como somos de que María Elena por su capacidad intelectual, preparación jurídica y  laboriosidad será proclama de nuestro despacho, estamos seguros de que desde su Ecuador natal nos honrará continuando con su pertenencia y aportaciones a nuestro equipo y a nuestro proyecto profesional.

Ojalá pronto podamos sentirnos orgullosos de que un miembro de nuestra organización haya alcanzado las cotas más altas en la Abogacía o en la Judicatura de la República Ecuatoriana.

El Chimborazo

Querida María Elena, ahora que en tu diario quehacer en Quito vas a estar tan cerca de esos símbolos nacionales que son el Palacio Nacional de Justicia (al que estás llamada) y el Chimborazo ( por algo es el monte/volcán de la tierra más cercano al sol), brilla como tú eres, nítida, clara y eficiente, pues aquí, en Valencia y en España, ya has dejado la huella y el fulgor de tu persona y de tu profesionalidad para siempre.

Y contigo en la República del Ecuador nos sentimos ya abrazando la América hispana en nuestra relación y trabajo, pues difícilmente podríamos contar con mejor embajadora.

“Ten más de lo que muestras; habla menos de lo que sabes”.- William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

EL COLECTIVO DE JURISTAS DEL CENTRO EUROPEO PRO ASESORAMIENTO Y NEGOCIOS, SCP.

De la “gracia” del indulto al “remedio” o “regalo”: ¿De verdad resulta necesaria esta institución? ¿Quién le pone el cascabel al gato?

“El indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena. Es una situación diferente a la amnistía, que supone el perdón del delito, ya que por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena.

El indulto puede ser total o parcial. A su vez puede ser general y particular.

• El indulto total comprende la remisión de todas las penas a que hubiere sido condenado el reo y que aún no hubieren sido cumplidas.
• El indulto parcial supone la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas o su conmutación por otras menos graves.

Diferencias entre indulto y amnistía

• El indulto supone el perdón de la pena, mientras que la amnistía supone el perdón del delito. Por eso sólo se puede indultar respecto de la parte de la pena que no haya sido ya cumplida, mientras que la amnistía puede implicar rehabilitar al amnistiado en derechos ya perdidos al cumplir la pena impuesta.

• El indulto afecta a una persona concreta, la amnistía afecta a una pluralidad.

• El indulto no extingue la responsabilidad civil derivada del delito, la amnistía si lo hace.

• En general, para otorgar el indulto es necesario un acto administrativo para la amnistía es necesaria una ley.

• La amnistía extingue los antecedentes penales, mientras el indulto no lo hace necesariamente.

• Para otorgar un indulto es necesaria sentencia firme, para la amnistía no es necesario.

• La Amnistía, por lo general, se aplica para los delitos políticos.

Regulación por países

Alemania

El derecho de conceder el perdón en Alemania recae en la oficina del Presidente (Bundespräsident), aunque él puede transferir esta decisión a otras personas, tales como el Canciller o el Ministro de la Justicia. La amnistía se puede conceder solamente por ley federal.

Canadá

En Canadá, los perdones son gestionados por el National Parole Board bajo las directrices del Criminal Records Act, del Código Criminal y de otras leyes. El Código Criminal establece un periodo de tres años de espera para los delitos menores, y un periodo de cinco años para los graves. El periodo de espera comienza tras haber sido terminado el juicio.

Aplicación del perdón

La resolución de la concesión de un perdón en Canadá es un complejo y largo proceso, y cualquier error en la aplicación puede causar innecesarios y costosos retrasos. Mucha gente usa agencias privadas para gestionar sus documentos con el objeto de evitar errores al respecto.

El coste de la obtención de un perdón es variable y depende de un número de circunstancias específicas de cada aplicación.

• 50 dólares para el National Parole Board Fee por gestionar el perdón.
• De 0 a 20 dólares por un documento jurídico, pagable al tribunal.
• De 0 a 26.75 dólares por la toma de huellas dactilares.
• De 0 a 70.00 dólares por la certificación por parte de la policía local de que el aspirante ha vivido en los últimos cinco años en una determinada ciudad o pueblo.
• Los gastos de una agencia privada si se ha hecho uso de ella.

El tiempo del proceso para cada aplicación del perdón depende de si es calificado o no como urgente. Para los casos normales, el proceso típico puede llevar un año o dos, o más. Los Perdones Urgentes son difíciles de obtener, y son evaluados caso a caso por el National Parole Board. Una vez concedido el perdón, desaparece administrativamente cualquier referencia delictiva al respecto de la persona que ha sido perdonada.

Clemencia

En Canadá, la clemencia es concedida por el Gobernador General de Canadá o por el Governor in Council (el gobierno federal) bajo la Prerrogativa Real de Gracia. Las aplicaciones se realizan también por parte del National Parole Board, como en el caso de los perdones, aunque la clemencia puede suponer la conmutación de la condena, o la remisión de la misma completa o en parte, un aumento del plazo de ejecución de la condena (por motivos médicos, por ejemplo), o una derogación de una prohibición (por ejemplo, permitir conducir a quien se le había prohibido).

España

Según el Ministerio de Justicia, el indulto «es una medida de gracia, de carácter excepcional, consistente en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme, que otorga el Rey, a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros».

El "derecho de gracia", también conocido como indulto, es una renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado, fundada en razones de equidad, oportunidad o conveniencia pública (Política).

La Constitución española concede al Rey el derecho de gracia, sometido a la ley y prohíbe los indultos generales (según su artículo 62.i) (artículo 62 CE: Funciones del Rey.)

Pueden indultarse las penas accesorias con exclusión de las principales y viceversa, a no ser que aquellas sean inseparables de éstas. La remisión de la pena principal implica, igualmente, la de las accesorias, a excepción de la inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos, las cuales no se entenderán comprendidas, si de ellas no se hubiere hecho mención especial en la concesión.

 

Procedimiento y requisitos 

El procedimiento y requisitos para la concesión del indulto particular se encuentran recogidos en la Ley de 18 de junio de 1870 modificada por la Ley 1/1988 de 14 de enero. El trámite de solicitud de los indultos particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre.

Las solicitudes serán sometidas a informe del Tribunal sentenciador, debiendo ser oídos el Ministerio Fiscal y el ofendido, si lo hubiere. La concesión compete al Rey, a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros y se acordará mediante Real Decreto, que deberá insertarse en el Boletín Oficial del Estado.

Los indultos generales están prohibidos en España, por lo que sólo son aplicables los indultos particulares.

Estados Unidos

En los Estados Unidos, el poder de perdonar está en manos del Presidente según indica la Constitución de los Estados Unidos, Art. II, Sec. 2, que establece que el Presidente:

tendrá el poder de conceder indultos y perdones en los casos de ofensas contra los Estados Unidos, excepto en los casos de personas condenadas en un juicio político.

Todas las peticiones federales de perdón se dirigen al Presidente, y son concedidas o denegadas por él. Como norma, estas peticiones se remiten para su revisión y recomendación no vinculante respecto de las mismas al U.S. Pardon Attorney, un funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Desde 1977, los presidentes han recibido unas 600 peticiones de perdón o clemencia por año y han concedido alrededor de un diez por ciento de las mismas, aunque el porcentaje de perdones e indultos varía entre las distintas administraciones (globalmente, el número de perdones ha sido menor desde la Segunda Guerra Mundial que en épocas anteriores). Para que un perdón pueda ser concedido, en general los que van a ser perdonados deben admitir previamente su culpa.

El poder presidencial para perdonar y conmutar penas ha sido controvertido desde siempre; muchos anti-federales recuerdan ejemplos de abusos por parte de los reyes europeos de ese poder de perdonar, y advierten que lo mismo podría ocurrir en las repúblicas. Por su parte, The Federalist Papers (una colección de artículos publicada como argumentación para aprobar la Constitución de los Estados Unidos) incluye una fuerte defensa del poder de perdonar. El Presidente George Washington concedió los primeros perdones federales a varios líderes de la rebelión del whisky (desarrollada entre 1791 y 1794 en protesta por los impuestos establecidos a determinadas bebidas alcohólicas).

Muchos perdones han sido controvertidos; los críticos arguyen que los perdones se usan más por conveniencia política que para corregir un error judicial. Quizás el perdón más famoso en la historia de Estados Unidos fue concedido por el presidente Gerald Ford a su antecesor en el cargo, el presidente Richard Nixon, el 8 de septiembre de 1974, por la conducta oficial delictiva que dio lugar al escándalo Watergate. John Tyler pudo haber sido el primer ex-presidente en beneficiarse de la clemencia, si no hubiese muerto antes de que la Guerra Civil Americana hubiese terminado. Las encuestas mostraron que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses desaprobaban claramente en aquel momento ese perdón a Nixon. El respaldo popular a Ford decayó tras su perdón a Nixon, y dos años más tarde fue derrotado en las elecciones presidenciales. Otros usos controvertidos del poder de personar incluyen los miles de perdones indiscriminados concedidos por Andrew Johnson a antiguos oficiales y militares Confederados tras la Guerra Civil Americana, la amnistía de Jimmy Carter para los desertores de la guerra del Vietnam, el perdón de George H. W. Bush a seis oficiales de la administración Reagan acusados y/o condenados en relación con el asunto Irangate, y los perdones concedidos por Bill Clinton a terroristas del FALN y a 140 personas (estos concedidos en su último día de presidencia).

Un perdón presidencial puede ser concedido en cualquier momento tras la comisión del delito; el perdonado no tiene por qué haber sido ni condenado ni siquiera formalmente acusado por un crimen. En la inmensa mayoría de los casos, sin embargo, el Pardon Attorney solo considera las peticiones de personas que han cumplido condena y que, además, han demostrado su capacidad para desarrollar una vida responsable y productiva durante un período significativo tras su acusación o tras haber sido liberados. Determinados Tribunales federales sostienen que el Presidente puede perdonar o indultar de forma condicionada, y que la persona objeto de tales perdones e indultos no puede rechazarlos, aunque debe aceptar y cumplir sus condiciones.

El poder de perdonar del presidente afecta sólo a delitos considerados por la Ley Federal. Sin embargo, los gobernadores de muchos Estados de los Estados Unidos tiene el poder de conceder perdones o indultos por delitos considerados por la Ley Criminal del estado. En otros estados, ese poder está en manos de un consejo, o, combinadamente, en las de un consejo y el gobernador.

Francia

Los perdones y los actos de clemencia (grâces) son concedidos por el presidente de Francia, quien, en última instancia, es el juez único respecto de la conveniencia de la medida. La persona condenada envía una solicitud de perdón al Presidente de la República. El juez que emitió el veredicto informa sobre el caso, y el caso es enviado a la dirección del Ministerio de Justicia para asuntos criminales y perdones con el objeto de recabar consideraciones adicionales.

Si se concede, el decreto del perdón es firmado por el Presidente, por el Primer Ministro, por el Ministro de Justicia y por otro Ministro que de alguna manera esté implicado en la consideración del caso. No se publica en el Journal Officiel (el Boletín Oficial del Estado).

El decreto puede evitar que el solicitante cumpla toda su pena, o puede permitirle conmutarla por otra menor. No suprime el derecho de la víctima del crimen a obtener la indemnización por los daños sufridos, y no elimina los antecedentes penales del delincuente.

Irlanda

De acuerdo con la Constitución de Irlanda, Art 13 Sec 6, el Presidente de Irlanda puede perdonar a criminales condenados: "El derecho de perdonar y el poder de conmutar o rebajar un castigo impuesto por un tribunal que ejercita su jurisdicción criminal, son atributos del Presidente, aunque tal poder de conmutación o remisión puede también ser conferido por ley a otras autoridades". No obstante, esto solo ocurre tras el consentimiento del Gobierno de Irlanda. El Presidente no puede perdonar a nadie sin el consentimiento del Gobierno, de hacerlo provocaría una crisis constitucional que podría llevar a la recusación del Presidente.

Italia

En Italia, según el Art. 87 de la constitución italiana, el Presidente de la República "puede conceder perdones o conmutar penas". Sin embargo, según el Art. 89 "... ninguna decisión del Presidente puede entrar en vigor a menos que sea firmada por el ministro al que tales decisiones afecten..." Tratándose del perdón, el Ministerio afectado es el de Justicia. El problema, en cualquier caso, está en la interpretación exacta de los dos artículos de la constitución italiana antes indicados: ¿todas las decisiones del Presidente necesitan el visto bueno y firma de un Ministro? o ¿existen decisiones que el Presidente puede tomar por sí mismo sin ningún condicionante? En otras palabras, hay tres teorías diferentes sobre el perdón en Italia:

• El Presidente puede hacer el decreto del perdón sin ningún condicionante, y el Ministro de Justicia está obligado a firmarlo.
• El Presidente y el Ministro de Justicia deben hacer el decreto de forma conjunta.
• El Presidente está obligado a aceptar el decreto, simplemente firmando la petición del Ministro.

Con el decreto del perdón, el Presidente puede librar al condenado de su castigo o cambiar el tipo de castigo. El perdón, a menos que se diga de otra manera en el decreto, no puede eliminar todos los efectos de una condena (como su mención en el certificado de conducta), de hecho, solo elimina el castigo principal (la prisión o la multa).

Perú

La Constitución Política de 1993 regula en el artículo 118.21 la concesión de las gracias presidenciales de la siguiente manera: "Corresponde al Presidente de la República: Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria".

En Perú, el Presidente está facultado a conceder el "derecho de gracia", que aplica a los procesados y es análogo al indulto.

Reino Unido

El poder de conceder perdones e indultos es una Prerrogativa Real de la Gracia de la Reina del Reino Unido. Ha estado tradicionalmente vinculado al poder absoluto de la reina el perdonar e indultar a cualquier individuo, que haya sido condenado por un crimen, tanto de su encarcelamiento como del castigo que le fuese impuesto. Los perdones fueron muy concedidos en el siglo XVIII con la condición de que los criminales condenados aceptasen ser transportados a ultramar, por ejemplo, a Australia. El primer perdón general en Inglaterra fue concedido con motivo de la celebración de la coronación de Eduardo III en 1327. No obstante, hoy en día hay diferencias procesales significativas en el uso del perdón real.

En el Reino Unido, la gestión de los perdones se lleva a cabo según el Rehabilitation of Offenders Act 1974 (un artículo legislativo al respecto). Un perdón Real para un encarcelamiento injusto sigue un procedimiento parecido al descrito más arriba en el caso de Canadá. Además, la gente que ha cometido delitos leves (condenados a menos de tres años de cárcel) pueden librarse de su consignación en los registros si no reinciden. El objeto de esto es que no haya gente que tenga que sobrellevar de por vida el lastre de delitos menores cometidos durante su juventud. El periodo de no reincidencia es de 5 años para una sentencia que no implique pena de cárcel y hasta de 10 años para una sentencia que sí incluya una pena de prisión de entre seis meses hasta dos años y medio. Para un delincuente joven (por debajo de los 18 años), el período de no reincidencia es de cinco años, incluso si hay prisión de por medio. El Rehabilitation of Offenders Act 1974' no se aplica a los que trabajan con grupos sociales vulnerables, tales como profesores y trabajadores sociales, que deben cumplir íntegros sus castigos. Además, a los que trabajan en profesiones vinculadas al sistema judicial, tales como abogados o policías, no se les permite ocultar los detalles de castigos anteriores en lo referente a su trabajo.

Indultos polémicos

España

En España, cuatro Mozos de Escuadra fueron condenados por el Tribunal Supremo en 2009, por delitos contra la integridad moral y torturas y lesiones, a raíz de detener por error a un ciudadano rumano en Barcelona, golpeándole por todo el cuerpo, amenazándole y llegándole a meter una pistola en la boca para hacerle confesar. El Tribunal Supremo rebajó en 2009 en un año y diez meses la condena a los tres principales acusados por la Audiencia de Barcelona. El Gobierno concedió a cuatro mozos de escuadra un indulto parcial que redujo la pena a dos años de cárcel, lo que abría la puerta a que los agentes se libraran de entrar en prisión. La Audiencia de Barcelona rechazó el indulto, pero el Consejo de Ministros les ha concedido un segundo indulto. Esto ha provocado que 200 jueces escriban un escrito manifestando su desacuerdo.”

(De Wikipedia y otras fuentes)

…

En los tiempos de la Facultad de Derecho, cuando poco a poco íbamos descubriendo la infinidad de matices que concurren en el mundo jurídico, a todos nos quedaron bien grabadas aquellas menciones (creemos recordar que se les denominaba apotegmas) de “Summum ius, summa iniuria” y “Justitita dulcore misericordiae temperatur”, que no ignoramos forman parte de nuestro ordenamiento jurídico en ese aparente “cajón de sastre” que son los Principios Generales del Derecho, tan importantes siempre, pero a veces tan mal utilizados en la argumentación y especialmente en la Administración de la Justicia.

Hace ya algún tiempo se ha reavivado en España la polémica, alimentada por unos y por otros, sobre el ejercicio de la “gracia” por el Ejecutivo, mediante el indulto.

Así, han venido llamando la atención, porque los medios de información ya se encargan de airearlos, aquellos casos más sonados en los que el Gobierno ha concedido indultos inexplicables y en muchos casos rechazables a ojos vistas.

No solamente nos referimos al indulto (doble) de los policías de Cataluña, a quienes los jueces ordenaron la prisión después de ser indultados, y el Ejecutivo “reindultó”, eliminándoles la pena de prisión, sino también al del conductor “kamikaze” condenado a trece años de prisión por conducción temeraria con resultado de muerte, cuya pena se ha mutado a dos años-multa.

Ante ello, han aparecido las discordancias de jueces, de ciudadanos de periodistas, de casi toda la sociedad, e inclusive el presidente del Poder Judicial ha llegado a declarar que uno de esos indultos “le satisface poco”, o algo así.

¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo?

Pues desde nuestro punto de vista algo tan elemental como que en España, como en otros tantos países democráticos y que presumen de ello, la famosa “división de poderes” va mermando a pasos agigantados.

De esta guisa, el Poder Judicial, el órgano de gobierno de la Justicia, ha pasado a ser controlado de forma directa e indirecta por el Ejecutivo y el Legislativo, pues el primero es quien crea los órganos judiciales y los dota, y transfiere los recursos a las Comunidades autónomas; y el Legislativo, junto con el Ejecutivo, nombran de forma más o menos sofisticada o disimulada los componentes del Consejo del Poder Judicial.

Si a ello se une que el Ejecutivo tiende a expandirse y va mermando las competencias de los otros poderes, resulta que el Estado de Derecho va desfigurándose hasta alcanzar en ocasiones configuración de esperpento.

Es curioso que cuando se han ido suprimiendo y recortando por el Ejecutivo y el Legislativo garantías y derechos a los ciudadanos, mediante la limitación del acceso a los recursos, limitación del acceso al Tribunal Supremo, instauración de unas tasas costosas, etcétera, va tomando cuerpo cada vez más la “moda” del indulto.

Indulto que simplemente requiere su concesión, pues la tramitación se rige por normas obsoletas y poco garantistas, y no requiere la publicidad de la fundamentación en su concesión.

Cierto es que el ejercicio del derecho de gracia siempre ha estado revestido de un carácter de benevolencia y excepcionalidad, pero últimamente la sensación que alcanza a los juristas, como a los ciudadanos de a pie, es que la evitación de condenas, o su suavización, depende del arbitrio de no se sabe quién por no se sabe qué motivos.

Podría entenderse que a la judicatura en general no agrade demasiado la concesión del indulto, porque en ocasiones hace enormes esfuerzos para dictar sentencias prudentes y ponderadas en su condena, que resultan baldías cuando el Gobierno les da la vuelta y las convierte en casi nada. Es cierto, como lo es también que en ocasiones el propio tribunal propone el indulto por considerar excesiva la pena a aplicar según la ley, y nada puede hacer para reducirla.

Pero lo que debe llevarnos a la reflexión es el uso excesivo, cuando no abusivo, de esta institución excepcional que es el indulto, para que en este río revuelto de nuestra sociedad penetre la política, el corporativismo y el subjetivismo, y a la ciudadanía se le cree una sensación de impotencia frente a los políticos, que conduce a la abulia ya la indiferencia y, poco a poco, a la desvirtuación del sistema y de la democracia.

No cabe duda de que la democracia y la Justicia en España –como en otros tantos países del mundo— requieren una profunda revisión y un asentamiento más racional y acorde con los tiempos que se viven, y a ello deberían dedicarse quienes tienen responsabilidades en la sociedad.

Incluyendo a los juristas, quienes en su a veces perfeccionista aplicación del Derecho llegan a provocar su violación y su ineficacia en pro de intereses, si no bastardos, al menos no desvelados.

¿Y quién le pone el cascabel al gato?

APB, POR EL COLECTIVO DE JURISTAS DEL CENTRO EUROPEO PRO ASESORAMIENTO Y NEGOCIOS, CEAN, SCP