"Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar
excluido, de lo contrario ya no sería justicia”.- Paul Auster (1947-?) Novelista y poeta
estadounidense.
“Las tasas de Gallardón sublevan a la justicia
El encarecimiento del acceso a los tribunales no se aplicará hasta dentro de “unas semanas” Nace con la oposición de partidos, sindicatos y profesionales del sector
( “El País”, V. GUTIÉRREZ CALVO /
María Fabra 22 NOV 2012 )
Las nuevas tasas judiciales —que a
partir de ahora pagarán todos los ciudadanos, no solo ciertas empresas como en
la actualidad, y que disparan su cuantía— fueron publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrarán en vigor “en unas semanas” (no hoy mismo, como
sería preceptivo, porque la gestión del cobro no se puede practicar). Nacen con la oposición de todo el sector de profesionales
de la justicia —jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados—, de todos
los partidos políticos salvo el PP y de los sindicatos.
La jurisdicción penal —que supone el
72% del total— queda exenta de las tasas, así como ciertos pleitos referidos a
derechos fundamentales y algunos de los que tienen que ver con causas de
familia y menores. Tampoco se pagará tasa en la primera instancia de los
pleitos de lo social (por ejemplo, una demanda por despido). Para el resto, las
cuantías van de los 100 euros en un procedimiento monitorio (una reclamación
por una deuda) a los 1.200 euros de un recurso de casación ante el Tribunal
Supremo. Y eso es solo la tasa fija: luego hay otra variable que resultará de
multiplicar por 0,5% el dinero que se reclame en el pleito; si no se reclama
dinero o no está cuantificado, la tasa variable serán 90 euros.
El PSOE
ha anunciado que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional al entender
que la nueva norma vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y rompe con
la igualdad que proclama la ley fundamental. De momento, jueces y letrados
aprovecharán las concentraciones ya convocadas para este viernes ante el
Ministerio de Justicia y ante todas las sedes judiciales para manifestarse en
contra de la medida.
Sin embargo, el Gobierno no teme el
recurso del PSOE: considera que el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado
en varias ocasiones avalando la legitimidad de las tasas “si respetan el
principio de proporcionalidad en función de la capacidad económica de los
ciudadanos”. El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, aseguró ayer que “el
diseño de esa nueva ley de tasas respeta ese principio”.
Pero los críticos sostienen justo lo
contrario: las nuevas tasas, según consideran jueces, fiscales, abogados y
partidos de la oposición, dividirán a los ciudadanos entre “ricos” —los que
podrán seguir acudiendo a los tribunales porque podrán pagarlo— y “pobres”,
para quienes el acceso a la justicia se encarece de forma notable.
El
Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto
Ruiz-Gallardón, replica con tres argumentos: que “los pobres” seguirán sin
pagar tasas porque tienen derecho a la justicia gratuita; que la jurisdicción
penal también sigue exenta y es el grueso de la actividad judicial; y que algún
mecanismo disuasorio había que adoptar para acabar con la “excesiva
litigiosidad” que hay en España (nueve millones de asuntos entraron en los
juzgados el año pasado, según los datos del Consejo
General del Poder Judicial). “Hay que plantearse si es justo que un
servicio público que se usa de forma muy esporádica y que al Estado le cuesta
mantener lo pague solo el conjunto de los contribuyentes, sin ninguna
contribución del usuario”, afirma un alto cargo del Ministerio, que subraya
también que muchos recurrentes alargan los pleitos con sucesivos recursos,
ahora gratuitos, solo por ganar tiempo. Y concluye recordando: “Mucho más se
paga por el abogado y el procurador que por estas tasas”.
El preámbulo de la norma publicada
ayer señala que esta “pone todo el cuidado” en que la regulación de tasas
judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social “no afecte
al derecho a acceder a la justicia”.
En 1986 el Gobierno del socialista
Felipe González anuló las tasas judiciales, derogando así una ley de 1959. El
pago se reintrodujo en 2003, con el Gobierno de José María Aznar, pero solo
para grandes empresas. A partir de ahora todos los ciudadanos habrán de pagar
por presentar una demanda civil o un recurso contencioso administrativo.
Justicia prevé ingresar 306 millones de euros por esta vía (el 10% de su
presupuesto, menos que en otros países europeos).
El Consejo General de la Abogacía
Española y representantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales,
entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados y fiscales,
han optado por aunar esfuerzos con el fin de que se declare la
inconstitucionalidad de esta ley.
Por otro lado, el líder de la
oposición, Alfredo
Pérez Rubalcaba, consideró la iniciativa de Gallardón como “un retroceso
más” en el “sistema de derechos y libertades” y acusó al PP de utilizar la
crisis “como coartada para imponer un cambio muy profundo y cargado de
ideología”. “La derecha española nunca se había atrevido a tanto”, agregó el
dirigente socialista.
Según la asociación de consumidores Facua, esta ley “abre la puerta a que las
empresas se nieguen a acatar las decisiones del sistema de arbitraje, al
obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 euros para exigir su
cumplimiento”. Y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) se quejó de la
nueva Ley de Tasas que, según consideran, les convierte en “meros recaudadores”
y va “contra la ciudadanía”. Los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y USO rechazaron
también las nuevas tasas judiciales.
La ley fue publicada ayer por el BOE
y, por tanto, las nuevas tasas deberían entrar en vigor hoy. Pero finalmente no
será hasta dentro de “unas semanas” cuando los ciudadanos que acudan a los
juzgados empiecen a notarlo en su bolsillo. La aplicación de la norma se ha
retrasado porque el Ministerio de Hacienda aún no ha publicado el impreso de
pago, con el que los usuarios deben hacer efectivas las tasas antes de
presentar las demandas y recursos que han dejado de ser gratuitos.
El subsecretario de Justicia señaló
que el retraso no se ha producido por la presión de los colectivos críticos
sino porque la propia ley señala que Hacienda debe publicar la orden para
regular el procedimiento. Bravo comunicará hoy a los secretarios judiciales
que, de momento, no se cobre ninguna tasa.”
...
…
A lo mucho que se ha escrito y
todavía ha de escribirse sobre el tema de las tasas judiciales, solamente
pueden añadirse algunos puntos de vista de quienes de una u otra manera nos
vemos afectados por esa Ley que las establece.
Hay que proclamar, de inicio, que
todo semeja una chapuza más, porque mal se comprende que se publique una Ley,
tramitada en el parlamento por el procedimiento de urgencia, repitiendo que
entra en vigor al siguiente día de su publicación, para en el mismo día haber
de puntualizar que sólo se aplicará cuando se hayan aprobado los modelos de
impresos para ingreso de las tasas. (¿Dónde la urgencia?)
Es decir, que se aprueba una ley que
es inaplicable a su entrada en vigor, probablemente porque nadie ha reparado
que a esa disposición le faltaban soportes tan esenciales como los medios
(formularios o impresos) para recaudar las tasas.
Pero lo más grave no radica en el
hecho de que falten los dichosos impresos, sino en la irreflexión que implica
el propio contenido económico de la Ley, pues establece en bastantes casos unos
importes planos, sin proporción ni relación alguna con lo que es objeto del proceso
judicial, y buena prueba de ello es lo repetido de que para impugnar una multa
de 100 euros hay que pagar una tasa de 200.
Se dice que la solución está en la
justicia gratuita, que se anuncia va a ser reformada, pero sin armonizar esa
adaptación con la entrada en vigor de la cacareada Ley, y por ello se mantiene
una estructura de la justicia gratuita que se ha revelado como muy deficiente,
porque son muchos los casos en que ciudadanos absolutamente arruinados no
pueden acceder a ella porque en años anteriores gozaron de fortuna. Y la
tramitación de los beneficios es lenta y mala. Además de que las Comunidades
Autónomas, que han de pagar los servicios a los profesionales están arruinadas
y lo hacen tarde y mal.
La auténtica realidad es que esta
disposición legal que establece las tasas tiene esencialmente un afán
recaudatorio y no el disuasorio que se ha dado como motivación, porque mal se
concibe en un Estado de Derecho que por vía de costes se trate de limitar el
acceso a la protección judicial.
Y detrás de esa reforma recaudatoria
subyace la incapacidad para dotar adecuadamente a la Justicia, mediante los
medios humanos (jueces, secretarios, funcionarios) suficientes, en tribunales
suficientes, y con medios materiales adecuados, ya que la atribución de ciertas
competencias al Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en casi una
entelequia, porque el poder efectivo de creación de tribunales y de dotaciones
económicas lo sigue reteniendo el gobierno.
Se comprende que al actual gobierno
de Mariano Rajoy le ha tocado “bailar con la más fea”, aplicando reformas que
son impopulares y buscando ahorros y recortes por doquier, pero la realidad es
que el “modus operandi” está siendo tan desordenado, tan falto de criterio, que
un día de estos se nos mandará cualquier cosa prometiéndonos aprobar a
posteriori la norma que lo autorice.
A las críticas de los colectivos
implicados en la Administración de Justicia ha de añadirse la del ciudadano a
pie, no ya porque llegar a los tribunales le resulte mucho más caro, sino
porque además no se ha tomado en cuenta la desigualdad social de quienes
acceden a los estrados.
“Visteme despacio, que tengo prisa”,
reza el refrán español, desde luego inobservado, porque en el caso que
comentamos, en vez de vestirnos nos han desnudado el bolsillo, y la prisa
simplemente ha servido para una chapuza más.
”Cosas veredes,, amigo Sancho”,
sentenció Don Quijote.
Y es verdad que aún nos quedan
muchas –y no buenas— por ver y sufrir en este contexto.
EL COLECTIVO DE JURISTAS DEL CENTRO
EUROPEO PRO ASESORAMIENTO Y NEGOCIOS, SCP (CEAN, SCP)
