DECÍAMOS AYER...La reanudación de nuestro blog

Érase que se era este blog ("DIRÍAMOS AYER", como Fray Luis de León), creado con la pretensión de ser vehículo de las opiniones, comentarios y creaciones de los juristas CEAN SCP, y que, por diversas vicisitudes, especialmente ocupaciones profesionales, ha estado en hibernación creativa durante demasiados años. 

En ese ínterin, varios vuelcos sociales y políticos ha sufrido la realidad social española, de manera que muchas de las experiencias y muchos de los criterios que en su día imperaban hoy han quedado mutados por mor de pandemias, de crisis económicas y de cambios sociales y políticos. 

Con el ánimo de reincorporarnos a las corrientes de opinión en este tiempo de controversias en torno a la Justicia, su administración, los órganos que actúan para dispensarla, vamos a procurar comentar con cierta periodicidad aquellos temas de actualidad y controversia que merezcan por nuestra parte un criterio, un comentario, una crítica o una información, porque así seguiremos viviendo y practicando "A CUESTAS CON LA JUSTICIA"

"No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia"

Montesquieu (1689-1755) Escritor y político francés.

EL EQUIPO JURÍDICO DE CEAN SCP

NAVIDAD: POR UN MUNDO DE PAZ Y BIEN, CON JUSTICIA

“Navidad: La Justicia y la Paz se besan

(Por José Luis Ysern de Arce, Psicólogo, Facultad de Educación y Humanidades, Universidad del Bio-Bio, Chile)

Hasta la saciedad vamos a oír y cantar estos días la canción “Noche de Paz”.

Son muy bonitos el tema y la música; el problema es saber si estamos de acuerdo en el sentido que tiene la paz que unos a otros nos deseamos con motivo de la Navidad. ¿Qué entendemos por la paz? ¿Qué es la verdadera paz? El salmo 85 dice que la Justicia y la Paz se besan. Quiere decir que la paz no es sólo ausencia de guerra. Una familia no vive en paz sólo porque no haya grandes peleas entre sus miembros.

Puede ser que en esa casa nadie se grite, nadie cometa agresiones verbales ni físicas contra otro, y sin embargo puede ser que el clima general en esa misma casa sea irrespirable a causa de la frialdad y del individualismo que flota en el ambiente.

La paz no existe si no hay justicia. Esa justicia que significa que los derechos de todos son respetados, que todos son considerados iguales en dignidad, que nadie es marginado ni discriminado por sus ideas, religión, raza, color de la piel, situación económica, o situación sexual. Hay justicia cuando todos tienen igualdad de oportunidades y

pueden ser satisfechos en sus necesidades básicas de salud, vivienda, educación y trabajo. No hay justicia cuando algunos tienen mucho y les sobra, y muchos tienen poco o nada, y les falta.

Navidad es hacer esfuerzos para que esa paz que tanto cantamos y pronunciamos se haga realidad a partir de nuestro buen trato a los demás durante todos los días del año. En ese sentido se puede decir que Navidad es cualquier día del año en que alguien se acerca a Dios, o a otro hombre o mujer, para llamarle hermano, hermana. Sentirse hermano del otro equivale a considerarle en absoluta igualdad conmigo; nada nos diferencia en lo esencial, y nada ni nadie puede hacer que alguien pueda sentirse superior a otro. De lo contrario, nuestros deseos, cantos y

manifestaciones de la paz navideña serían un cinismo hipócrita, vacío de contenido. Haremos posible que la paz y la justicia se encuentren y se besen cuando logremos que todos los hombres y mujeres de nuestra tierra gocen verdaderamente de la participación y derechos que les corresponden en la mesa común de los beneficios.

Todavía hay muchas personas en nuestra sociedad que son despojadas de los beneficios que pertenecen a todos, y son excluidas del disfrute de las oportunidades económicas y sociales, que en justicia les corresponden. La Navidad tiene que ser un grito que llama a nuestros corazones para decirnos que eso no está bien, que eso no corresponde en una sociedad de gente que se considera buena y que habla de paz a los hombres y mujeres de buena voluntad. Como dice un obispo latinoamericano: “La justicia y la paz no se besan en América Latina porque existen enormes desigualdades de carácter económico, político, y cultural”.

Es Navidad. Deseémonos la paz unos a otros; hagámoslo de corazón.

Si lo hacemos de corazón no nos quedaremos sólo en palabras; si nos deseamos sinceramente la paz, cada uno pasará a su tarea pacificadora y nos convertiremos en constructores de la paz, y de la justicia que le es inseparable. Pondremos manos a la obra y aportaremos lo mejor de nosotros mismos para que todos los hombres y mujeres de nuestro mundo se sientan más dignos, amados y respetados. Sólo así nos podremos desear la feliz Navidad.”

…

Poco puede añadirse a lo que comenta el Profesor Ysern, aunque siempre es oportuno concretar algunas ideas sobre nuestra realidad más próxima, al filo de esos conceptos de Justicia y Paz.

Así que se ha de partir de la base esencial del respeto a los derechos humanos e individuales, dotando a la sociedad y a las personas de los medios y de los mecanismos adecuados para que puedan ejercitarlos y protegerse de las intromisiones y ataques que la vida diaria les produce.

Y en ese entorno, la Justicia lenta y roma no lo es, y por ello no genera Paz, como la Justicia no imparcial (¡vaya contrasentido!) tampoco “se besa” con la Paz.

En estos tiempos en que casi se retransmite la comisión de un posible delito, en los que a los simplemente imputados o presuntos delincuentes ya se les juzga de antemano, sometiéndoles a la “pena del telediario” o al acoso mediático; en estos tiempos en los que casi siempre resulta que el poderoso resuelve antes sus necesidades de Justicia que el pobre y desvalido; en estos tiempos en que el amor conyugal o de pareja se torna agresividad y muerte, sin que el Estado y la Justicia alcancen soluciones eficaces; en estos tiempos, en fin, se dista mucho del “beso”, del abrazo entre Justicia y Paz.

Pasar de los simples enunciados y proclamaciones a las acciones correctas y eficaces parece que se ha convertido en una “misión imposible”.

Y todo es porque en la vida diaria se han introducido la doblez, la mentira y el egoísmo, y se han impuesto a los valores morales el materialismo y el hedonismo .

Por todas partes aparecen fraudes y corrupciones, y si bien los órganos de la Administración de Justicia, al menos en España, actúan lo que pueden (por su limitación de medios y de hombres), el problema crece y no se disipa.

Resulta admirable el ejemplo de solidaridad que se despliega en la Navidad con los bancos de alimentos y las ayudas a algunas familias necesitadas, pero duele que eso solamente ocurra en estas fechas, casi como pareciendo que así se pone sordina a la hiriente realidad de la pobreza creciente.

Y nos referimos a España, porque en otras muchas naciones, la Justicia y la Paz se agreden, se hieren, se atacan, bien mediante la corrupción, bien mediante el abuso de los poderosos, bien mediante el atentado a los más elementales derechos de la persona.

Es el signo de estos tiempos, y debemos rebelarnos ante ello, buscando la ayuda al prójimo (próximo), al hermano, al necesitado,

mediante mayor rectitud, menos egoísmo y más generosidad.

Y ojalá en las vidas de todos nosotros la Justicia y la Paz se fundan en un beso.

Ésa es nuestra felicitación. 

APB, POR EL COLECTIVO DE JURISTAS DEL CENTRO EUROPEO DE ASESORAMIENTO Y NEGOCIOS, SCP.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de condenas en España: Las sentencias se acatan y los problemas deben preverse y resolverse. “Dura est lex, sed lex”

“Hacer pedagogía

Conviene recordar que el Tribunal de Estrasburgo forma parte del sistema judicial español.- El Tribunal de Estrasburgo tumba la ‘doctrina Parot’

Por Luis R. Aizpeolea

“No deja de resultar sorprendente el dramatismo con que se ha acogido en este país la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, que supone su anulación en la práctica. Primero, porque ya se daba por hecho que así iba a ser cuando en julio de 2012, la Pequeña Sala del Tribunal de Estrasburgo dio la razón a la demanda de la etarra Inés Del Río, que recurrió una aplicación retroactiva de la ley por la que fue condenada. Y, segundo, porque en los propios tribunales españoles fue muy debatida. De tal modo que en el Tribunal Constitucional cinco de seis magistrados se opusieron a la misma cuando se debatió.

En vez de asumir lo que era prácticamente inevitable y hacer pedagogía, el Gobierno hizo una campaña para evitar que la Gran Sala de Estrasburgo ratificara lo que había adelantado la Pequeña. Puso el acento en que algunos de los etarras afectados estaban condenados por asesinatos múltiples y que en la lista había violadores que provocan un gran rechazo social. Lo que resumió en el lema de que no debe valer lo mismo haber cometido un asesinato que 23. La consecuencia de este discurso ha sido que surjan voces que reclaman al Gobierno que se salte la sentencia de Estrasburgo, entre ellas una voz autorizada, como la AVT.

Es verdad que es muy importante ante la sentencia anulatoria de la doctrina Parot, que va a excarcelar a decenas de etarras, tener en cuenta los sentimientos de las víctimas del terrorismo y de la opinión pública, en general. Pero el Gobierno podía haber actuado de otra manera y haber preparado, con tiempo, el terreno haciendo pedagogía.

En primer lugar, los etarras que pueden ser excarcelados llevan ya

una media de 25 años de condena cumplida, algo que se ignora, e incluso algunos de ellos están arrepentidos y acogidos a la vía Nanclares. Tampoco ha puesto el acento el Gobierno en que, a diferencia de cuando se aprobó la doctrina Parot, hoy ETA ha cesado definitivamente, tras cuatro años sin cometer un asesinato, por lo que no hay peligro de que los presuntos excarcelados reincidan.

Pero, por encima de todo, las sentencias están para cumplirlas. Y la del Tribunal de Estrasburgo forma parte del sistema judicial español, algo que conviene recordar porque ya se escuchan voces que hablan de “injerencias extranjeras”.

Habrá que recordar, en este sentido, que en junio de 2009 avaló la Ley de Partidos, que supuso, en su día, la ilegalización de la izquierda abertzale, que tanto agradó al partido que hoy gobierna. Lo que demuestra, también, la imparcialidad del tribunal europeo. Es más. Posiblemente, sea más imparcial que todos nosotros -tribunales, partidos, asociaciones...- que, a fin de cuentas, la presión del terrorismo ha condicionado de modo determinante nuestras vidas.”

(El País, 21/10/2013)

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“RAJOY, FERNÁNDEZ, GALLARDÓN: CONTROLAR LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS

Ha pasado lo que tenía que pasar. El principio de irretroactividad forma parte de la realidad jurídica de los países libres y se subraya en nuestra Constitución (artículo 9.3). En 1995 se reformó el Código Penal, previendo que no vuelva a ocurrir lo que ahora ha ocurrido. Los terroristas que se beneficiarán de la liquidación de la doctrina Parot son los que cometieron sus delitos con anterioridad a esa fecha de 1995.

No se trata de llorar sobre la leche derramada. Hay que excarcelar a la etarra asesina y contar con que se producirá el chaparrón de los recursos de terroristas que permanecen en la cárcel afectados por la doctrina Parot. Existe, sin embargo, una fórmula para retenerles hasta que cumplan sus penas completas o casi completas: revisar las reducciones de las que se han beneficiado y que en muchos casos han sido producto de la camelancia, de la lenidad o del miedo de quienes tenían que aplicarlas.

El Gobierno puede y debe denunciar las posibles irregularidades en este sentido y que decidan las autoridades penitenciarias y, en su caso, los jueces. Porque así lo estableció la voluntad general de los españoles, nadie, ni el peor asesino, debe permanecer más de 30 años en la cárcel. La reducción de penas por estudios, asistencias, trabajos, redacción de libros, etc. son otra cosa. A los etarras que se beneficien ahora de la liquidación de la doctrina Parot se les pueden revisar los beneficios obtenidos por si se hubieran producido trampas o engaños. Tanto Mariano Rajoy, como Jorge Fernández, como Alberto Ruiz-Gallardón, están en la obligación moral de hacer lo posible para que no se extienda la alarma social que se ha creado en España.”

(Luis María ANSON, de la Real Academia Española, en “El Imparcial”, 21/10/2013)

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Parafraseando a Gabriel García Márquez, la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, de Estrasburgo, ha sido la “crónica de una sentencia anunciada”.

Una cosa son los argumentos morales, políticos, sensibleros y populistas, y otra bien distinta las argumentaciones jurídicas y la aplicación y cumplimiento de la norma, especialmente de la Convención Europea de derechos Humanos

En este nuestro país se ha venido tan “mal usando” la Justicia, que se ha convertido por los manipuladores y por los medios de comunicación en un abuso de rumores, filtraciones, cotilleos, violaciones de intimidades y conculcación de los derechos humanos hasta de los imputados y presuntos culpables, llegando hasta la llamada “pena de telediario”, porque incluso se está poniendo en duda, y no sin argumentos,  la virtualidad e imparcialidad del Tribunal del Jurado, porque casi todo el mundo “ha dictado sentencia” en sus fueros internos y en el vociferante, cuando en la mayoría de los casos las investigaciones sobre las infracciones e ilegalidades apenas si están en sus inicios.

Así, la entrada a los Tribunales, sean civiles o penales, cuando se acude a los órganos judiciales, se ha convertido en un circo mediático y populachero en el que el acoso y los insultos prevalecen sobre el orden y el civismo, de manera que la presunción de inocencia (especialmente en lo penal y en materias sancionadoras) queda absolutamente

difuminada.

Es una lástima, también, que vayan proliferando los “jueces estrella”, que no saben reducir su expresión a sus sentencias y resoluciones y que cada vez se prodigan más en conferencias, entrevistas y publicidad de toda índole, inflando su ego en proporción inversa al respeto que causan.

Y ahora viene el rasgarse las vestiduras por la práctica desautorización de la llamada “doctrina Parot”, una solución de “tapas y medias suelas” a los absurdos que presentaba el ordenamiento penal español, y que los legisladores y gobiernos sucesivos fueron conscientes de su fragilidad, por atentatoria contra los derechos humanos, por violar su ejercicio el principio de legalidad (el muchas veces olvidado “nulla poena sine lege”) y el de no retroactividad; hasta el punto de que después reformaron varias veces el Código Penal para endurecer de

modo efectivo las penas y los beneficios penitenciarios.

Pese a todo el revuelo y disgusto causado, y por encima de opiniones personales y criterios subjetivos, los juristas hemos de comenzar por acatar la resolución del Tribunal de Estrasburgo –bien fundamentada, por cierto— y lamentar la imprevisión de varios gobiernos que antaño resultaron incapaces de atajar la hemorragia de beneficios penitenciarios y la suavidad de castigo a quienes, con terrorismo o no, habían generado un aluvión de muertes, de sangre, de espantosos crímenes.

Así pues, quienes este comentario suscribimos no podemos menos que reiterar y hacer propia aquella conocida expresión, proviniente de la Edad Media: “Nos, que amamos las buenas costumbres y el buen fazer non queremos semeiar voceros mas queremos semeiar omes que fazen derecho”.
Y por supuesto, respetarlo, mediante el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

APB, por el Colectivo de Juristas del Centro Europeo de Asesoramiento y Negocios (CEAN)SCP

Las reformas que la Justicia necesita: “pescados son los del cesto, porque los del mar son peces”

Registro Civil: una reforma inaplazable.- El modelo actual ha agotado su función y no responde a las exigencias ciudadanas

(Agustín Azparren Lucas 17/04/2013, en “El País”) 

“Desde la perspectiva que da el ejercicio durante más de 30 años de la actividad judicial, uno llega a la conclusión de que las grandes reformas jurídicas e institucionales que tanto esfuerzo económico y personal requieren de poco valen si no llegan al ciudadano, destinatario último de toda actividad pública. De nada sirve la proclamación constitucional del derecho a la salud si finalmente los hospitales no prestan sus servicios de manera eficiente, del derecho a la educación si los jóvenes no alcanzan un nivel suficiente de conocimientos, del acceso a la justicia si los tribunales no son eficaces por falta de medios humanos y materiales.La situación actual de crisis económica, terrible, puede no obstante ser una gran oportunidad para reordenar algunos servicios esenciales del Estado. Pensemos en el Registro Civil. El ejercicio de cualquier derecho por un ciudadano requiere como presupuesto previo que el Estado tenga conocimiento de su existencia, de cómo se llama, de su decisión pública de formar una familia, de su libre opción de cambiar de nacionalidad, del hecho de que no puede valerse por sí mismo. Todos estos hechos y actos se llevan al Registro Civil y permiten, por un lado, el ejercicio pleno de los derechos fundamentales asociados con la pertenencia a una comunidad organizada y, por otro, una adecuada planificación de los recursos públicos para su satisfacción.

Se pueden agregar otros elementos a esta reflexión: grandes movimientos migratorios, cambios en los modelos de familia, matrimonios de conveniencia, protección de españoles en el extranjero, pensiones, prestaciones sociales, protección de la infancia, madres de

alquiler, niños robados, incentivos a la maternidad… una realidad multiforme y cambiante.

Una respuesta que se demora meses no es aceptable en un servicio público.

¿Nos podemos permitir seguir gestionando todo esto con esquemas que se idearon hace más un siglo? ¿Es racional y sostenible que los servicios propios del Registro Civil estén diseminados desigualmente por más de 8.000 oficinas? ¿Es defendible que sigamos dependiendo del soporte papel y no podamos usar ágilmente los datos en beneficio de los ciudadanos y de la propia Administración? ¿Se puede seguir obligando a miles de ciudadanos a solicitar una y otra vez certificaciones de datos para presentarlos en otra oficina pública? ¿Nos podemos permitir el lujo de que cada centro administrativo actúe por su cuenta, descoordinado de los demás? En definitiva, ¿podemos seguir ignorando un problema y aplazar más su solución?

Doy datos concretos para que sepamos qué está pasando. Son datos que están al alcance de todos en Google.

Según la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial, el Registro Civil es el órgano que más quejas recibió en 2011. A nivel estatal, suscitó 6.558 reclamaciones por su funcionamiento. Esto supuso el 46% de las quejas de todo el sistema de juzgados y tribunales.

Durante los años 2010 y 2011, se pagaron más de 170 millones de euros por presuntos servicios de dependencia a 41.205 personas fallecidas.

El Defensor del Pueblo critica que el Registro Civil de Inca ha dado una cita para 2017.

La mayoría de padres que acudieron al Registro Civil se quedaron sin poder registrar a sus hijos si no habían ido de noche para hacer cola. Cada año, 2.900.000 ciudadanos tienen que solicitar una certificación al Registro Civil para presentarla en otra Administración.

Es hora de afrontar el reto y ofrecer soluciones. El modelo actual ha cumplido su función, o mejor habría que decir que ha agotado su función, nos ha llevado hasta aquí, pero no puede llevarnos mucho más

allá. Creo firmemente que una Administración pública responsable debe ofrecer respuestas reales a las demandas de los ciudadanos y una respuesta que se demora meses no es aceptable. He sido juez y sé de lo que hablo. Dar una respuesta tardía no debe ser una opción, o al menos no nos lo podemos permitir.

Pensemos por un momento de qué manera nos ha afectado como ciudadanos el funcionamiento del registro y cómo nos gustaría que

funcionasen las cosas, olvidándonos de prejuicios.

Imaginemos algunas situaciones:

- Acabo de ser padre y no quiero salir deprisa y corriendo, dejando a mi mujer con el recién nacido en la maternidad, para acudir al Registro Civil y dar de alta a mi hijo.

- Mi cónyuge ha muerto y no quiero hacer colas en el Registro Civil para que me den una certificación de defunción para presentarla en la Seguridad Social y que me reconozcan una pensión.

- Cómo evitar que determinadas personas sin escrúpulos puedan aprovecharse actuando en nombre de mi hijo incapacitado cuando yo falte.

- Me he separado y mi cónyuge sigue disponiendo de los bienes comunes como si nada hubiera pasado.

- Llevo 12 años viviendo en este país y, aunque las leyes me reconocen mi aptitud para ser español de pleno derecho, sé que no lo voy a ser en mucho tiempo.

O desde otro punto de vista:

- Quiero que la Seguridad Social tenga conocimiento inmediato de los fallecimientos para evitar que se paguen indebidamente prestaciones sociales.

- La atribución del Registro Civil al Cuerpo de Registradores puede ser una de las claves del éxito de esta reforma 

- Quiero que no se vuelva a teclear dos veces un mismo dato por la Administración.

- Quiero que se hagan estadísticas más fiables de datos recientes.

En definitiva, no me gusta que se tire el dinero público, mi dinero, que tanto me cuesta ganar.

Creo que ha llegado el momento de abordar una reforma del Registro Civil que haga posible todo esto adaptando su organización a las verdaderas necesidades actuales, llevándolo con los medios técnicos más modernos y seguros, ahorrando costes y poniendo la

Administración al servicio de los ciudadanos.

La atribución de la llevanza del Registro Civil al Cuerpo de Registradores, que no lo olvidemos, son funcionarios, puede ser una de las claves que garantice el éxito de esta reforma urgente. Su eficacia demostrada en el tráfico inmobiliario y mercantil y su extensa experiencia no se pueden desaprovechar. Llevan años modernizando sus propias estructuras organizativas, implementando tecnología, prestando un servicio eficiente.

La reciente digitalización de los 425.000 expedientes de nacionalidad acumulados en los últimos años, que ha llevado a cabo el Colegio de Registradores en apenas unos meses y sin coste alguno para los ciudadanos, aparte de parecernos ciencia ficción para quienes hemos

dedicado toda nuestra vida profesional a la Administración de Justicia, nos garantiza el éxito de la reforma.

Por otra parte, los jueces y personal de la Administración de Justicia que actualmente se ocupan del Registro Civil, ya sea de forma exclusiva o compartida con la función jurisdiccional, se podrán destinar al trabajo estrictamente judicial, que bastante falta hace, debido a la gran litigiosidad existente y al escaso número de jueces para abordarlo.”

(Agustín Azparren Lucas es magistrado en excedencia y ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial)

…

COMENTARIO

Se ha hecho famosa la frase de Bertran Duglesclin cuando intervino en la muerte de Pedro el Cruel, que permitió el reinado de Enrique de Trastamara, con aquello de que “ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor”.

Pues bien, nuestro colectivo ni se decanta porque el cuerpo de Registradores se haga cargo del Registro Civil, ni porque los Notarios se ocupen de algunas otras funciones del mismo, porque quienes como juristas nos dedicamos esencialmente al ejercicio de la Abogacía hemos asumido con humildad nuestra obligación de que se asista al ciudadano de la manera más efectiva y eficaz, mediante la Administración de Justicia, en sus más variadas ramas, especialmente en la más elemental y próxima, cual es la del Registro Civil.

En otros tiempos hasta pareció lo adecuado que los distintos Registros Civiles fueran servidos por jueces, los denominados Encargados, que en realidad eran los entonces llamados “Jueces municipales” o “de

distrito”, aunque en la mayoría de las poblaciones esas funciones las desempeñaban los Jueces de Paz.

Han sobrevivido los Juzgados de Paz, mal dotados y peor retribuidos, pero al unificarse la judicatura, desaparecieron los jueces municipales y de distrito, y pasaron a ser los jueces “ordinarios” quienes asumieron las responsabilidades de los Registros civiles, si bien estos fueron unificándose, para concentrar las funciones y el servicio al ciudadano.

Pero con el radical cambio social que se ha producido en los últimos años, los Registros Civiles han llegado al colapso, y no precisamente en sus funciones más primarias, como las inscripciones de nacimientos, o de defunciones, o de matrimonios, etcétera, sino en otras funciones mucho más complejas y transcendentes, como la celebración de matrimonios civiles y la tramitación de expedientes de adquisición de la nacionalidad española.

Por ahí ha llegado el embudo y ahí es donde se ha producido el colapso, fruto especialmente del raquitismo en la dotación de medios y de una normativa muy trasnochada.

Nótese, por ejemplo, que todo matrimonio celebrado en el extranjero, inclusive ante la autoridad consular española, ha de inscribirse en el Registro civil central, para después trasladar el asiento (si así se solicita por el interesado) al Registro del domicilio. Trámites y más trámites. Y demoras de muchos meses, porque el Registro Central está colapsado.

Y el colmo se alcanza en lo referente a las nacionalidades, porque el aluvión de inmigrantes, especialmente de etnia latinoamericana (que adquieren la nacionalidad española en corto plazo, y así se convierten en ciudadanos de la Unión Europea si residen en España), produce un auténtico colapso en las oficinas y una demora de meses para la simple presentación de la solicitud, y de años para que se apruebe la petición de adquisición de nacionalidad por residencia. Desesperante e ineficaz, ciertamente.

Frente a ello, obvio es que cualquier reforma que tienda a subsanar esa lentitud del Registro civil y que sustituya los jueces por otros funcionarios, ha de ser bien acogida, pero parando muchas mientes en que esa reforma no implique un aumento de costes inasumible para el ciudadano.

Nunca hemos sido partidarios de la Justicia absolutamente gratuita, aunque tampoco hemos preconizado la Justicia costosa, porque cercena los derechos fundamentales de los ciudadanos.

De ello a que se intente atribuir a Registradores o a Notarios labores de Registro civil, a cambio de que exaccionen en armonía con sus actuales emolumentos, media un abismo.

Se debería establecer una regulación de costes mínima, que disuadiera del uso abusivo, pero asumible por el ciudadano con pocos recursos.

Y a ello deberían acomodarse los Notarios y los Registradores (tanto monta, monta tanto), sin entrar en esa especie de pugna que viene anunciandose entre ambos demasiado elitistas cuerpos de juristas, que ni a ellos beneficia ni al ciudadano convence.

Háganse reformas, sí; y cuanto antes. Pero que resulten eficaces, por las buenas dotaciones materiales –informática, agilidad de atención--, y las adecuadas provisiones de funcionarios que las atiendan.

Que lo dijo el viejo pescador, cuando contaba a su manera el “cuento de la lechera” a su nieto: “Pescados son los del cesto, porque los demás son peces…”.

APB, por EL COLECTIVO DE JURISTAS DEL CENTRO EUROPEO PRO ASESORAMIENTO Y NEGOCIOS